Todos los días, en promedio, una mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer. Así de concreto puede resumirse una problemática compleja que no es nueva, que atraviesa todos los niveles sociales, que está presente en todos los rincones de nuestro país y que todavía no encuentra una respuesta acorde desde el Estado. Porque si bien es cierto que tal vez nunca como ahora se logró poner este tema en la centralidad del debate público y político —gracias al esfuerzo incansable del movimiento de mujeres y el feminismo—, no es menos cierto que las herramientas institucionales que hoy existen para combatir esta situación son insuficientes, están desfinanciadas y son incapaces de alcanzar el objetivo que persiguen: prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres. Los femicidios se mantienen y el presupuesto para prevenirlos se achica.
Por eso desde las organizaciones sociales, de mujeres y con el acompañamiento de legisladores de diferentes espacios políticos estamos impulsando un proyecto para que se declare la emergencia social en materia de violencia contra las mujeres, porque necesitamos dar una respuesta urgente que pueda disminuir el número de víctimas por violencia de género. Esto solamente es posible de la mano de un Estado se ponga a la cabeza de esta lucha y destine los recursos necesarios para llevarlo adelante. No alcanza con declaraciones a los medios y homenajes en las redes sociales, no alcanza con llevar un cartel o participar de alguna marcha. Necesitamos políticas públicas concretas.
Dentro de pocos días se cumplirá un nuevo aniversario de ese 3 de junio de 2015 cuando la consigna “Ni Una Menos” quedó marcada en la conciencia de la sociedad argentina a lo largo y ancho del país como respuesta masiva y espontánea frente al horror de los femicidios. Se repite con cada caso que provoca conmoción, con cada fallo de la Justicia con criterio machista y patriarcal, con cada vida interrumpida para siempre por la violencia. Pero el correlato de la mayor visibilidad y conciencia de esta problemática no se tradujo en mayores recursos. Por el contrario, el único organismo encargado de diseñar políticas específicas para combatir esto, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), sufrió un fuerte recorte en términos absolutos y relativos en su presupuesto para 2019. Su Plan Nacional de Acción para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres recibió este año un 40% menos que en 2018, lo que, sumado a la inflación, significa un recorte de recursos del 60% en solamente un año. El número final que se obtiene es que el Estado asigna en la actualidad poco más de 11 pesos por mujer al año para cuidarla, una cifra que no resiste mayor análisis.
Entonces, ¿por qué impulsar una ley que declare la emergencia nacional en violencia de género? Porque permitiría, entre otras cosas, disponer y reasignar las partidas presupuestarias correspondientes para tomar medidas para hacerle frente. ¿Cuáles serían esas medidas? Principalmente reactivar el plan que mencioné anteriormente y que se encuentra virtualmente paralizado, pero también contar con otras herramientas urgentes que tengan impacto en la prevención y la asistencia de la violencia. El proyecto especifica: capacitación a través de organismos municipales y provinciales de unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención, construcción de centros de día y refugios para las víctimas, puesta en marcha de un programa de promotoras territoriales de género para detectar e intervenir en zonas de alta vulnerabilidad social, puesta en marcha de un plan de alerta temprana coordinado con fuerzas de seguridad y un programa de independencia económica y habitacional para quienes sufran violencia, entre otras iniciativas.
Sin dudas que llevar adelante esta medida y lograr que se vote en el recinto significa romper con las promesas y las declaraciones mediáticas para dar otro paso más en materia de prevención de la violencia de género, algo que hasta ahora figura como una cuenta pendiente. Uno de los pasos más significativos que ya dimos en este sentido fue la sanción a fin del año pasado de una de las leyes Micaela García, la cual establece una capacitación obligatoria en género para todas y todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Es un antecedente que nos permite ser optimistas ante este pedido de lograr soluciones concretas para una situación que no puede esperar.
Tenemos que dejar la zona de promesas y comprender que el único camino para transformar este preocupante presente es con políticas públicas, con un Estado presente que trabaje de forma activa y con los recursos adecuados. Es un año donde los derechos de las mujeres están siendo incorporados al discurso y la plataforma política de todos los candidatos a ocupar un cargo en el país, que se tomen las medidas necesarias para que podamos vivir una vida libre de violencias sin dudas tiene que ser una prioridad.
Sin recursos, no podemos hablar de prevención. Sin prevención, nunca vamos a tener “Ni Una Menos”.
La autora es diputada nacional del Movimiento Evita.
