Este martes la vicepresidente y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, hizo una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York, donde se desarrolló una sesión especial sobre Colombia. La alta funcionaria se refirió en el recinto a las protestas sociales que sacudieron al país por cerca de dos meses y generó toda una polémica por culpar al vandalismo de las muertes que se registraron.
“Hemos tenido muertes, muertes que nos duelen no importa el número, lo importante es que no ha debido haber ni un solo muerto durante las protestas, pero estos muertos se dieron porque en un contexto de protestas válidas y legítimas, que nuestro gobierno apoya y que protege, desafortunadamente hubo minorías que se infiltraron en estas protestas desarrollando vandalismo y destrucción llegando armados a las protestas dando muerte a muchos de los ciudadanos que estaban allí”, fueron las palabras de la funcionaria.
Ante lo dicho por la vicepresidenta, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, se manifestó. “Hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU la Vicepresidenta de Colombia dijo que las muertes en las protestas fueron debido al vandalismo. Olvidó decir que hay evidencias sólidas que apuntan a miembros de la policía en al menos 25 homicidios”, sostuvo.
En un reciente informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que resulta extremadamente preocupante el alto número de muertes y personas lesionadas, así como las graves denuncias de personas desaparecidas, violencia sexual y la utilización de perfilamiento étnico-racial. Igualmente, las agresiones a periodistas y a misiones médicas.
Así mismo, la ONG Temblores informó sobre la existencia de 4.687 casos de violencia policial. A su vez, suministró a la CIDH un registro de 73 personas fallecidas en el marco de las protestas, de las cuales, 44 estarían presuntamente relacionadas con el accionar de la fuerza pública y 29 están en proceso de verificación.
La vicepresidenta también habló del Acuerdo Final de Paz
Marta Lucía Ramírez aseguró que en el proceso de reincorporación el 85,7 % de los excombatientes ha recibido apoyo económico mensual del Gobierno, y el 90 %, formación para el trabajo, a través del Sena. El 95 % de reincorporados está bancarizado, el 99 % está afiliado al sistema de salud, y más de 13 mil personas han recibido 82.6 millones de dólares en garantías económicas. Adicionalmente, se han destinado USD 4.2 millones para la adquisición de predios para el desarrollo de proyectos productivos y de vivienda.
En su discurso, la alta funcionaria expresó su preocupación por la incidencia, aún patente, del narcotráfico como fuente de ilegalidad y violencia. “Nuestro Gobierno se ha enfrentado a retos conocidos por ustedes y superarlos demanda cambios estructurales. A pesar del esfuerzo del Gobierno y de la sociedad colombiana, el narcotráfico sigue siendo un desafío sobre el cual esperamos que las antiguas FARC avancen con mayor celeridad y profundidad en compromisos reales, incluyendo la identificación de las rutas del narcotráfico y sus aliados internacionales en el negocio, allí está la casusa fundamental de las muertes de tantos líderes en nuestro país, defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras y, sobre todo, de sustitución de cultivos”, señaló Ramírez.
Sobre la justicia transicional, la vicepresidente y canciller puntualizó que no puede existir ninguna duda del diálogo constructivo y respetuoso del presidente Duque con la JEP, no obstante, indicó que hay aspectos susceptibles de mejoramiento. “Para los colombianos y quienes han acompañado al país desde la firma del Acuerdo, es primordial que los mecanismos de justicia transicional brinden los mayores resultados a la brevedad, lo cual contribuirá a avanzar sólidamente en el proceso de reconciliación. Si bien se ha progresado en líneas como la del secuestro, que asertivamente ha sido definido por la JEP como crimen de guerra y de lesa humanidad, la sociedad colombiana espera ver mayores esfuerzos y celeridad en los casos de violencia sexual y de reclutamiento de niños”, puntualizó ante la ONU.
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