Un juez español determinó este martes que existen “indicios racionales de delito” en la reunión sostenida el 20 de enero en el aeropuerto español de Barajas por el ministro de Transporte del país, José Luis Ábalos, y la vicepresidente del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.
La venezolana está entre los 25 funcionarios del régimen que tienen vedado el acceso a la Unión Europea como consecuencia de las sanciones impuestas por el bloque supranacional, pero su estadía en el aeropuerto y su posible acceso a la sala VIP llevaron a que miembros del Partido Popular (PP) realizaran una denuncia al respecto.
En consecuencia, el magistrado ordenó una serie de diligencias, entre las que se cuenta la necesidad de conservar las imágenes de las cámaras de seguridad del día en que el encuentro tuvo lugar. La decisión llega dos días antes de que se cumplan 30 días del encuentro, limite temporal antes de que las autoridades estén autorizadas a destruir el material.
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