Por Jonathan Stempel
NUEVA YORK, 20 ago (Reuters) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca desestimar una demanda que cuestiona su directiva de excluir a los inmigrantes indocumentados de verse representados, rechazando la acusación de que fue motivada por animosidad racial.
En una presentación el miércoles por la noche en un tribunal federal de Manhattan, los abogados de Trump dijeron que el presidente de Estados Unidos tiene una discreción de larga data para decidir quién puede ser contabilizado al distribuir los escaños en el Congreso, y los opositores no argumentaron de manera sólida que su política era “simplemente un pretexto” para discriminar a los hispanos.
Los abogados también calificaron de “especulativo” sugerir que la política podría causar un daño irreparable, incluso al reducir la participación de inmigrantes en el censo. Esa información se utiliza para asignar cientos de miles de millones de dólares en fondos federales.
Los abogados de Trump respondían a demandas de Nueva York y otros 37 estados, ciudades y condados de Estados Unidos, así como de varias organizaciones sin fines de lucro, por la directiva del presidente del 21 de julio que busca evitar que los inmigrantes que están en Estados Unidos de forma ilegal sean contados cuando se rediseñen los distritos electorales.
Los representantes de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, no estuvieron disponibles de inmediato el jueves para comentar.
Los demandantes, en su mayoría de tendencia demócrata, dijeron que Trump tenía un propósito “xenófobo” al impulsar su decisión. Su aplicación podría excluir a varios millones de personas del recuento de población y cambiar algunos escaños en la Cámara de Representantes.
Al buscar una orden judicial contra la directiva presidencial de Trump, los demandantes también dijeron que estaba en conflicto con el requisito de la Constitución de Estados Unidos de contar como base en el “número total de personas en cada estado”.
Los abogados de Trump respondieron que solo los “habitantes” que tienen su “residencia habitual” en un estado deberían contar, acusando a los demandantes de alentar que “los extranjeros ilegales … se arroguen el derecho a redistribuir el ‘poder político'”.
Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, incluida la presidenta, Nancy Pelosi, respaldaron la demanda, diciendo en un documento judicial que distorsionar la composición del cuerpo con fines políticos partidistas podría socavar su legitimidad.
(Por Jonathan Stempel, Editado en español por Juana Casas)
