La modorra electoral que se vivía en Comodoro Py, plagado de expertos en acomodarse a los tiempos políticos, recibió un pequeño sacudón. Algunos jueces y fiscales que manejaron las causas más resonantes de los últimos años tienen temor sobre el futuro. Otros, más cautelosos, buscan la manera de acomodarse a la nueva realidad, si se confirma el resultado de octubre. En ese clima, reina la desconfianza.
Un fiscal que tuvo causas contra la ex presidenta Cristina Kirchner fue acusado esta semana por sus pares de reunirse con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. La versión nunca se confirmó. La lupa también se posó sobre un camarista impulsado por Cambiemos que firmó dos fallos resonantes. También lo acusan de “panqueque”.
Las reuniones grupales quedaron para otro momento. Los jueces y fiscales hacen cuentan solos y esperan definiciones puntuales sobre el próximo gobierno. La Procuración y el Ministerio de Justicia, son dos vacantes claves. “No es lo mismo Wado de Pedro que Arslanián o uno del edificio (de Comodoro Py)”, razonó este semana un fiscal luego de evaluar junto a otro colega posibles escenarios.
Por la derrota abultada del Gobierno en las PASO se respira otra atmósfera en Comodoro Py. Los que estaban más relegados, se muestran con otro semblante. Y hasta se ilusionan con un ascenso.
Del otro lado, hay preocupación. Durante la campaña, Alberto Fernández dio nombres propios y dijo que algunos jueces y camaristas “van a tener que dar explicaciones por sus fallos”. También expresó que “si la Justicia existe a Cristina no la van a condenar”. Las palabras calaron hondo en los jueces de primera instancia que la mandaron a juicio y en los que tienen que juzgarla.
Esta semana, la Cámara Federal sorprendió con dos fallos y encendió algunas alarmas. No tanto por el contenido, sino por el momento elegido.
La Sala I respaldó la investigación que lleva adelante el juez Ariel Lijo en el caso del Correo. También anuló un fallo del juez Marcelo Martinez De Giorgi en la causa del soterramiento del Sarmiento.
En el oficialismo dicen que los fallos eran “previsibles” y le restan importancia. “Son fallos sobre cuestiones preliminares, no son cuestiones significativas, lo importante son los juicios orales”, repitió en varias entrevistas el ministro de Justicia Germán Garavano.
Hasta las elecciones de octubre, en el Gobierno no esperan fallos resonantes, aunque no descartan algún gesto aislado para mostrar independencia o forzar una salida.
En la causa del Correo ya fueron indagados el actual ministro de Defensa Oscar Aguad (el primer funcionario de Cambiemos citado a indagatoria por un caso de corrupción); el encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa; y dos abogados de la firma Correo Argentino SA. Con el fallo de Cámara, Lijo ahora deberá resolver la situación procesal de los cuatro y avanzar con otras pruebas.
La causa del Correo es uno de los frentes judiciales más sensibles para Macri. Su gobierno impulsó un acuerdo por el que que el Estado dejaría de percibir más de $ 4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017. Y el principal beneficiado era una empresa familiar.
Lijo deberá determinar si hubo una “quita abusiva” de la deuda entre Correo Argentino SA y el Estado, tal como lo afirmó la fiscal del fuero comercial Gabriel Boquín cuando se opuso al acuerdo.
Macri fue imputado al comienzo de la investigación por el fiscal Juan Pedro Zoni, luego corrido de su cargo en Comodoro Py. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la imputación sigue vigente.
Lijo es uno de los jueces que tiene diálogo con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Otro dato: en su juzgado también tramita una de las dos causas que investigan los aportes a la campaña electoral de 2017. La otra, donde solo se investiga si hubo irregularidades en el financiamiento, quedó en un juzgado federal de La Plata a cargo de Adolfo Ziulu.
El presidente también aparece imputado en una denuncia por supuestos “negociados” en relación al arreglo entre el gobierno nacional y la concesionaria Autopistas al Sol (Ausol), donde el Grupo Macri todavía tenía un porcentaje accionario. También están siendo investigados por el fiscal Carlos Stornelli el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel. “Es una causa que recién comienza, por ahora Macri solo está en la cáratula”, dijeron cerca del presidente.
Según la denuncia de disputados opositores, tres días antes de que Macri asumiera el poder “simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020”. Con esa excusa, el Gobierno habría accedido a pagarle a una empresa vinculada al Grupo Macri una reparación de 499 millones de dólares y habría utilizado la negociación para renovar el contrato de peajes en la Panamericana.
La causa fue impulsada por Stornelli, en la mira de un sector del kirchnerismo. El fiscal podría iniciar los trámites de su jubilación en 2020, pero tiene pensado seguir en su cargo al menos hasta que termine el caso de los cuadernos de la coimas, pudo saber Infobae.
Otro expediente abierto en Comodoro Py es la causa de los parques eólicos. Macri y varios funcionarios nacionales fueron acusados en 2018 de favorecer de “manera ilegal” al Grupo Macri. Según la acusación, el grupo obtuvo ganancias por casi 50 millones de dólares en pocos meses gracias a una maniobra fraudulenta. La causa está en manos de Martínez De Giorgi. Hasta ahora, la causa parece encaminada a investigar solo a los privados.
Un caso particular es el que se originó a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que permitió el ingreso de padres, cónyuges e hijos de funcionarios al blanqueo de 2016. El diputado Felipe Solá -que ahora podría convertirse en una pieza clave de un posible gabinete de Alberto Fernandez- presentó un amparo para que el DNU se declare inconstitucional y una medida cautelar para suspender su aplicación. La contienda arrancó en el fuero Contencioso Administrativo Federal y ahora aguarda una resolución en la Corte Suprema. “Se está discutiendo la legitimidad del que promovió el amparo. No es una denuncia penal y por lo tanto no hay imputación del presidente”, dijo una fuente que sigue de cerca los expedientes de Macri.
En el caso del soterramiento del Sarmiento, no hay imputaciones sobre funcionarios del actual gobierno, aunque aparece involucrado el primo del presidente, Angelo Calcaterra, ya procesado por el caso Cuadernos. La decisión de la Cámara Federal de anular toda la causa generó interpretaciones políticas, pero en esencia perjudicó más a los empresarios, que habían festejado una falta de mérito.
El fallo de primera instancia no pasó el filtro. Los camaristas le ordenaron al juez Martinez de Giorgi que profundice la investigación tomando en cuenta todos los delitos, incluido el pago de sobornos o el fraude al Estado.
Otra noticia judicial de la semana, anticipada por Infobae, fue la decisión del juez Claudio Bonadio de pedir información oficial sobre la licitación del Paseo del Bajo, una mega obra que costó unos 8.700 millones de pesos. A instancias del fiscal Sergio Rodríguez, que comanda la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), se investiga el mecanismo para elegir las empresas que fueron adjudicatarias de la obra.
La denuncia por ahora solo menciona al ministro de Transporte nacional, Guillermo Dietrich, al ministro de Desarrollo Urbano porteño, Franco Moccia, y a dos funcionarios de AUSA. Pero también aparece involucrado el primo del presidente, Angelo Calcaterra, porque IECSA, luego vendida a Marcelo Mindlin, fue beneficiada con la construcción de un tramo.
“No está mencionado ni imputado el presidente”, remarcan en la Casa Rosada. Y le restan importancia a la medida que tomó esta semana Bonadio. “Tuvo mayor repercusión por el contexto, pero es apenas un pedido de informes”, graficaron.
¿Qué pasará con las causas judiciales donde se lo investiga si Macri vuelve al llano? Cerca del presidente dicen que tendrá “la misma actitud” que tuvo antes y luego de entrar a la política. Por ahora no vislumbran “cambios bruscos” en Comodoro Py ni “persecuciones” en su contra.
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