Después de la puesta en marcha de un programa de aislamiento agravado para adultos mayores de 70 años que causó un enorme revuelo social, y de las polémicas en torno a las supuestas irregularidades en la compra de barbijos y en la contratación de hoteles, Horacio Rodríguez Larreta pretende dar vuelta la página y sumarse al lote de gobernadores que redujeron sus sueldos para colaborar en la lucha contra el coronavirus.
En estas horas, en paralelo, los colaboradores del jefe de Gobierno terminaban de pulir un proyecto de ley de emergencia económica para redireccionar recursos en medio de una fuerte caída de la recaudación que en Ingresos Brutos, la principal fuente de financiamiento local, rondaba a fines de marzo entre el 30 y el 35%.
Según confirmaron a este medio fuentes del Ejecutivo porteño y de la Legislatura, Rodríguez Larreta, sus ministros y los secretarios, y los legisladores del bloque oficialista donarán en forma “voluntaria” hasta el 25% de sus sueldos a partir del 1° de mayo. “Se trató de coordinar la decisión”, explicaron fuentes legislativas.
De esta manera, el jefe de Gobierno, un imprevisto y sólido aliado de la Casa Rosada desde que el virus acaparó la agenda social, político, sanitaria y económica de la Argentina, se desmarca de Alberto Fernández, que desde que aparecieron algunos cacerolazos aislados a principios de mes y la presión en simultáneo de un sector de Juntos por el Cambio desechó la idea por completo.
Hasta ahora, Rodríguez Larreta había buscado esquivar la discusión pública. Aunque lo analizaba con su mesa chica.
“Ninguno de los funcionarios tiene empresas en el exterior, empresas offshore ni tiene empresas propias de donde sacan utilidades. Viven de su sueldo. Ninguno de ellos tiene un sueldo exorbitante ni yo tengo un sueldo exorbitante. No seamos hipócritas, son los que después nos llaman populistas a nosotros”, había dicho el Presidente de manera contundente a principio de mes.
Hasta ahora habían sido Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta) y Gerardo Morales (Jujuy) los gobernadores que optaron por rebajarse los salarios como un gesto hacia el combate de la pandemia. Juan Schiaretti, de Córdoba, se sumó este lunes a sus colegas con un aporte del 45% de su sueldo desde abril y por al menos cuatro meses.
Lo propio implementaron los miembros de la Corte Suprema de Justicia con una donación del 25% de sus dietas destinada a la compra de insumos para el hospital Muñiz.
En el ámbito local, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad avanzaban en la firma de un acuerdo para la creación de un fondo solidario que contemple un aporte también voluntario de hasta un 20% del salario de los principales funcionarios de los tres órganos porteños. Un sector pedía además que la información sea confidencial. Asociaciones de magistrados y empleados judiciales de la Ciudad ya habían efectivizado una donación al Muñiz y a algunos comedores.
Rodríguez Larreta no va a imponer la rebaja en forma obligatoria. Pero en los hechos funcionará como si lo fuera. ¿Qué funcionario se va a arriesgar al escarnio público de rechazar el aporte solidario?
Ayer, el jefe de Gobierno encabezó una reunión de gabinete ampliado para buscar unificar el discurso y tratar de inyectar ánimo tras la polémica en torno a la implementación del protocolo para los adultos mayores y el revuelo por la compra de barbijos a precios exorbitantes y la contratación de un hotel vinculado a la familia del alcalde. Lo que obligó a desplazar a dos funcionarios.
La Coalición Cívica, de hecho, que integra la coalición oficialista de la Ciudad, presentó en la Legislatura una serie de proyectos para regular y transparentar los procesos de compra. En el seno de la CC aseguran que a Elisa Carrió -aliada de Rodríguez Larreta-, recluida en su casa de Exaltación de la Cruz, los escándalos no le causaron ninguna gracia. Todo lo contrario: pidió a los dirigentes de su espacio seguir muy de cerca el tema.
La decisión simbólica de la administración local de reducir los salarios de los principales funcionarios y de sumar a los legisladores a la iniciativa se complementa con el envío del proyecto de ley de emergencia económica que los responsables del área del gabinete terminaban de pulir por estas horas.
El objetivo, según explicaron, es que el Ejecutivo tenga la facultad de redireccionar recursos de áreas paralizadas por el avance de la pandemia hacia las carteras de Salud o Desarrollo Humano y Hábitat. En especial, por el desplome de la recaudación.
Hay obras, como las del tren Sarmiento o las del Viaducto San Martín, que van a tener que esperar por tiempo indefinido. Es que en la Ciudad, por ejemplo, las raciones diarias de alimentos por la urgencia social pasaron de 133.000 a casi 180.000 en las primeras semanas de abril.
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