El debate no empezó pero la reacción ante la posibilidad de ampliar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia ya “copó la parada”. Por eso, tanto desde el Gobierno como desde los propios integrantes de la comisión de juristas convocados a elaborar propuestas salieron a bajar el voltaje de esas interpretaciones: sostienen que el objetivo de sus deliberaciones no estará allí.
Es que la posibilidad hacer crecer el número de miembros de la Corte –hoy integrada por Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, la única que fue el miércoles a la Casa Rosada– provocó la reacción y unificación de la oposición.
Desde allí se resalta que la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene el ojo puesto en el máximo tribunal: no solo porque entiende que desde allí se les dio vía libre a los jueces de Comodoro Py que la persiguieron con el “lawfare” sino porque en ese tribunal la defensa aguarda la respuesta de las impugnaciones planteadas en el juicio de la obra pública, que hoy se retomó por vía virtual y en donde la ex presidente está acusada de liderar una asociación ilícita que perjudicó al Estado con la obra pública que se le entregó en Santa Cruz a Lázaro Báez.
La ministra de Justicia Marcela Losardo salió a decir abiertamente en las entrevistas que dio durante los últimos días que el problema de la Corte no está en sus cinco miembros. También hicieron los propio varios de los once convocados a “repensar” la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Fiscal y de la Defensa y la implementación a nivel nacional de los juicios por jurados.
“No está dentro de los temas a analizar ampliar el número de la Corte. Se realizará un análisis de su funcionamiento, el criterio de cómo se seleccionan los jueces, en ningún punto el presidente habló de que teníamos que hablar sobre ampliar el número. Si llegamos a la conclusión de que hay que ampliar, lo discutiremos”, dijo Carlos Beraldi, el penalista que fue puesto en el ojo del debate por ser el defensor de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Por su parte, el abogado Andrés Gil Domínguez, que asegura que la Corte de Justicia debería tener 9 miembros, ya sabe que esa posibilidad estaría descartada. Más allá de que siga siendo su pensamiento que el número de integrantes del máximo tribunal debería ser mayor que el actual, el constitucionalista afirma que cualquier modificación tendría que proponerse en un dictamen por mayoría para ser elevado al presidente Alberto Fernández, algo que no está garantizado. Pero además de ahí el Presidente tendrá que enviarlo al Congreso y ahí conseguir el voto de los dos tercios del Senado, algo que al Gobierno le costaría reunir en este escenario.
“El número de miembros no es la cuestión clave. La cuestión clave es que la Corte sea ‘Suprema’ y no más ‘Suprema’ que Corte”, dijo este lunes a Infobae el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, uno de los convocados por el Gobierno. “Hay que devolver a la Corte Suprema su rol de realizador máximo del derecho”.
Y, según sostuvo, “para que eso se concrete hay que ‘repensar’ el funcionamiento de la ‘Corte Suprema’. Así, relegitimar el proceso de acceso al Tribunal, el conocimiento de las causas y los momentos para dictar las sentencias”.
Ferreyra explicó que “la cantidad de jueces que integran la Corte Suprema no determina decisivamente la naturaleza de sus pronunciamientos jurisdiccionales” y señaló que “es necesario discutir científicamente el funcionamiento de la Corte Suprema, cómo se llega al Tribunal y cómo el mismo resuelve, motivo por el cual el eventual aumento (o no) de sus miembros no se convierte en un elemento principal, clave o final, aunque debe figurar en la agenda, porque la evaluación de los méritos y deméritos de la ‘desconcentración’ argumental que podría aparejar un aumento (o no) del número de jueces revela una asunto subsidiario”.
“La Corte Suprema es la cabeza de uno de los poderes del Estado y debe resolver ‘cuestiones de Estado’”, afirmó. Por eso, Ferreyra propone la creación de un “Tribunal Supremo de Casación”, que podría “zanjar” en gran medida el “desborde de tareas” del máximo tribunal.
En la Justicia están los jueces que toman decisiones y las cámaras del fuero que revisan esos criterios. Sólo en el ámbito penal hay un tercer tribunal intermedio –la Cámara Federal de Casación Penal–, antes de llegar a la Corte Suprema. Lo que Ferreyra propone es que la misma instancia de revisión exista en el resto de los fueros para el derecho civil, comercial o tributario, explicó a Infobae. “La de Casación Penal actual quedaría como está”, aclaró.
Esa sugerencia todavía no fue compartida con sus pares de la comisión porque todavía no llegó el momento de la discusión, más allá del chat en el que interactúan, revelado por Infobae. Sin embargo, según pudo saber este medio, la propuesta contaría con la simpatía de varios integrantes.
A diferencia de lo que sugiere su colega y amigo, el penalista y ex ministro de la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni, Ferreyra entiende que dividir a la Corte en salas no corresponde, sencillamente, porque la Constitución Nacional establece “una corte” en su artículo 108. Lo mismo piensa Gil Domínguez o el propio León Carlos Arslanián, una de las figuras de la comisión.
El “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación” comenzará a reunirse desde el 18 de agosto y tendrá 90 días para evaluar sus propuestas que se adoptarán por “mayoría de la totalidad de sus miembros”. Los integrantes son Carlos Beraldi –abogado de Cristina Kirchner–, Inés Weinberg de Roca –ex candidata a la Procuración postulada por Mauricio Macri–, Andrés Gil Domínguez –abogado constitucionalista–, León Carlos Arslanián –ex juez del juicio de las Juntas Militares–, Gustavo Ferreyra –constitucionalista–, Marisa Herrera –experta en derecho de familia–, y los ministros de la Corte bonaerense Hilda Kogan, la tucumana Claudia Sbdar, la mendocina Omar Palermo y la fueguina María del Carmen Battaini, junto al ex juez de España Enrique Bacigalupo.
