El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky rechazó el pedido de sobreseimiento realizado por las defensas de 20 funcionarios de la Aduana que están procesados en la causa conocida como “la mafia de los contenedores”. En la resolución comparó la poca importancia que se le otorga al delito de contrabando con la enorme trascendencia que tuvo la historia de una mujer que fue descubierta cuando intentó robar en un supermercado.
En 2016 quedó al descubierto una banda que se dedicaba al contrabando. Empresarios y “buscavidas”-transformados de la noche a la mañana en importadores- movían influencias en la Aduana para, a partir de la modificación de documentación oficial, conseguir liberar contenedores que estaban retenidos en el Puerto de Buenos Aires. Cobraban por hacer el trámite asociados con los funcionarios públicos que permitían las operaciones ilegales. Al caso se lo conoció como “la mafia de los contenedores”.
La causa estuvo en manos del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky quien en noviembre de 2016 dictó los procesamientos de los imputados porque comprobó el funcionamiento de la organización que movía dinero para que los funcionarios actuaran contra la ley y emitieran documentos falsos para permitir que los productos que llegaron en contenedores que estaban retenidos en el Puerto pudieran ser comercializados. La banda estaba integrada por autoridades de la Aduana y por empresarios.
En 2018, luego de un juicio, el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 condenó a 11 de los 12 acusados en el caso, entre ellos, a ocho años de prisión al ex jefe de la Aduana de Buenos Aires durante el kirchnerismo, Edgardo Paolucci. Las condenas fueron por los delitos de asociación ilícita y tentativa de contrabando agravado. Las penas más altas –ocho años de prisión– fueron para Paolucci y en el empresario Oldemar “Cuqui” Barreiro Laborda como organizadores de esa asociación ilícita.
Los ex funcionarios de Aduana Osvaldo Giacumbo y Mauro Delmastro fueron condenados a una pena de 6 años y 6 meses de prisión y Rodolfo Trebino y Vanesa Calamante una de 6 años. Por el mismo caso Claudio “Mono” Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, recibió una condena de cinco años de prisión.
A esa causa se anexaron en el juzgado de Aguinsky otras investigaciones por diversas formas de contrabando. Había contenedores que ingresaban al país con ciertos productos pero se declaraba que traían cosas diferentes. Además se detectaron prendas de vestir que llegaban al país pero en las etiquetas se leía “Hecho en Argentina”. Por la sumatoria de todos estos casos hay 163 procesados por el delito de contrabando (sumados los condenados por el TOPE 2) y se dictaron embargos e inhibiciones de bienes por más de 158 mil millones de pesos. Operaban diferentes bandas. Algunas traían artículos de bazar, otras traían telas y otros contenedores polirrubro de artículos de “todo por dos pesos”. Pero nadie le pisaba el “negocio” al otro.
Aguinsky rechazó el pedido de sobreseimiento de 20 aduaneros-que estaban en connivencia con los contrabandistas- y mantuvo sus procesamientos. Lo hizo mediante una resolución de 131 páginas a la que tuvo acceso Infobae.
El juez señaló que “la extraordinaria cantidad de mercadería ingresada al país bajo la simulación de su tipo, peso y cantidad, muy posiblemente continuó su derrotero comercial dentro del mercado nacional bajo esas mismas premisas: no sólo eludiendo tributos aduaneros sino también los demás impuestos que deberían aplicarse a toda su cadena de valor. Claramente lo que ingresa en negro continúa en negro, dañando así las arcas nacionales, provinciales y municipales”.
Y para explicar didácticamente qué significa el contrabando se apartó por un momento del lenguaje estrictamente jurídico de la resolución. Y dijo: “Para graficar el impacto que tuvieron esas maniobras en la economía argentina que sin embargo parecen ser ignoradas por gran parte de los contribuyentes, propongo una reflexión bajo el axioma “Latas versus Latas”, inspirado en un reciente episodio policial acaecido en la ciudad de Rosario”. El juez agregó en la resolución un link para ver la nota televisiva que hablaba de una mujer que fue sorprendida cuando intentaba robar latas de productos en un supermercados.
Y explicó “La noticia estuvo en todos los noticieros y mostraba a una mujer interceptada a la salida de un supermercado cuando intentaba hurtar 27 latas de atún escondidas entre sus ropas. En todos los medios y a través de las redes sociales la gente se mostraba claramente indignada por semejante conducta a todas luces disvaliosa. Nadie, obviamente, podía aprobar el burdo intento de la señora”.
Y comparó esa situación con la del millonario contrabando que tiene bajo investigación: “Sin embargo, otro delito, que también involucra “latas” (así es como se llama en la jerga a los contenedores que sirven para mover mercaderías a través del comercio exterior), a nadie parece importarle ni logra conmover las alarmas institucionales. A pesar de que en el contrabando el damnificado no es una cadena de supermercados, sino que es el propio Estado Nacional (que somos todos) y que no se trata de 5 o 6.000 pesos, sino de varios millones, la sociedad no parece reaccionar con el mismo grado de indignación ni de claridad”.
“Este episodio-concluyó Aguinsky- sirve para trazar otro contrapunto que permite verificar el daño ocasionado por el abandono de la obligación constitucional que cumplen las aduanas. Mientras que en el episodio del supermercado, la autora entre sus ropas escondía latas sin contar con la complicidad de las líneas de control del establecimiento comercial, quienes perpetraron una gigantesca maniobra de contrabando, también en “latas”, contaron con una estratégica complicidad para su negocio criminal: la certeza de impunidad garantizada desde la misma Aduana. Después de todo el trabajo investigativo realizado, no llegar a esa conclusión solo sería posible si la Justicia decidiera mirar para otro lado”.
Seguí leyendo
