Mañana asumirá como ministra de Justicia, en un área que el nuevo presidente Alberto Fernández considera “sensible”, Marcela Losardo, abogada de su extrema confianza y socia en el estudio jurídico que compartieron por 20 años.
Losardo, especializada en derecho civil y comercial, ya lo había asesorado en cuestiones jurídicas, desde los 90 cuando lo acompañó en la Superintendencia de Seguros de la Nación, luego en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hasta el desembarco de Fernández en la Casa Rosada como jefe de Gabinete. En 2005, cuando otro amigo en común, Alberto Iribarne, llegó a la cartera de Justicia, Losardo pasó de la jefatura de Gabinete –donde le “llevaba la firma” a Fernández–, a la Secretaría de Justicia, bajo la órbita de ese ministerio.
Un año después, asumió como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, con un perfil técnico muy valorado por sus colegas de entonces en el organismo, y donde aún la recuerdan elogiosamente.
Luego de la renuncia de Fernández a la jefatura de Gabinete, Losardo consideró irse a su vez, pero finalmente se quedó un año más en funciones en el Ministerio de Justicia. Hasta que en agosto de 2009, cuando al frente de esa cartera ya estaba Julio Alak, el entonces secretario legal y técnico, Carlos Zannini –futuro procurador del Tesoro– le informó que debía pedirle su cargo y le ofreció trasladarla a otro puesto. Losardo, sin embargo, se negó y volvió a la profesión, para empezar de cero nuevamente con el estudio jurídico. Ya había sido reabierto un año antes por su socio, después de renunciar como jefe de Gabinete.
De perfil muy bajo, Losardo es valorada en la “familia judicial”, como se vio en la jura de Juan Bautista Mahiques como nuevo fiscal general de la Ciudad. Allí, no solo tuvo reservado un lugar en primera fila a su lado, sino que fue la figura más requerida –después del propio Mahiques– a la hora de los saludos de los asistentes, entre los que estaba buena parte del ambiente de la Justicia federal y porteña, y representantes de la política.
El futuro Consejo de la Magistratura
En el área de la Justicia, más allá del Ministerio, habrá una serie de recambios en un organismo clave como el Consejo de la Magistratura de la Nación, en el que, por la cantidad de los representantes políticos, Fernández contará con una mayoría a su favor.
El organismo que promueve las ternas de jueces federales y nacionales, y los remueve por juicio político, está integrado por 13 miembros. Con la renovación de legisladores y del nuevo representante del Ejecutivo, Fernández contaría con un bloque de 6 integrantes alineados –además del representante del Ejecutivo y tres legisladores propios, el juez Alberto Lugones y el académico Diego Molea– , contra 5 de la futura oposición de Juntos por el Cambio y sus aliados.
En el Frente de Todos estarán expectantes para ver cómo jugará la diputada Graciela Camaño, reelecta el 27 de octubre por Consenso Federal, y que había sido elegida el año pasado para ir al Consejo con el apoyo de los distintos bloques de la oposición. También habrá expectativa por ver qué posición adoptará el juez Ricardo Recondo, actual presidente del Consejo, a quien le reconocen simpatías con el Gobierno saliente. Este año, desde la presidencia, buscó equilibrar las votaciones, y actuó como una suerte de fiel para dirimir el virtual empate entre el bloque “oficialista” y el opositor.
Estos dos consejeros serán claves porque le permitirían al gobierno de Fernández acercarse un poco más a la ansiada mayoría de los 9 votos requeridos para abrirle juicio político y destituir a un magistrado, algo que será difícil sin la búsqueda de consensos. Aun así, le estaría faltando el noveno voto o la chance de que uno de los 13 miembros se ausente en forma estratégica para bajar el número especial requerido a ocho.
El cambio de la mayoría que tuvo Cambiemos durante la gestión saliente obedecerá a que el nuevo Presidente deberá designar inmediatamente al representante del Poder Ejecutivo en el organismo. Quien estaría confirmado es Gerónimo “Zaza” Ustarroz, primo y hermano de crianza de Eduardo “Wado” de Pedro. Ex concejal de la localidad de Mercedes y ex funcionario del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner, Ustarroz es actualmente asesor en el Consejo del diputado De Pedro y ya había desempeñado esa tarea cuando el diputado del Frente para la Victoria (FPV) integró el organismo entre 2012 y 2014.
Ustarroz fue uno de los dos representantes del Frente de Todos que viajaron a Bolivia como observadores de las últimas elecciones que derivaron en la renuncia forzada de Evo Morales, en medio de la crisis política por las acusaciones por alteración del escrutinio electoral. A su regreso, Ustarroz elaboró un informe que fue crítico del difundido por el titular de la OEA, Luis Almagro, sobre las irregularidades en las elecciones, ya que –según el Frente de Todos– Almagro se había basado en el escrutinio provisorio, sin acceder a las actas definitivas de la elección. El titular de la OEA, por su parte, lo calificó como “espía”, lo que generó un entredicho con el presidente argentino electo. Si bien allegados a Almagro habrían admitido, luego, que fue “un desatino”, ya que había sido una invitación oficial, las disculpas públicas por parte de Almagro nunca llegaron.
Por su parte, De Pedro dejará su lugar en el Consejo para asumir mañana como ministro del Interior. Hasta hace pocos días, se daba casi por seguro que sería reemplazado por su suplente, Vanesa Siley. Además de diputada del FPV y oriunda de Mercedes, es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, su nombre al día de hoy está en dudas, ya que en lugar de la senadora Ada Itúrrez de Cappellini, del Frente Cívico Por Santiago –aliado de Cristina Kirchner–, ingresaría el senador kirchnerista Mariano Recalde. Si bien la designación de Recalde aún no está confirmada, es quien contaría al día de hoy con más chances. Pero su ingreso implicaría que habría dos representantes del mismo espacio kirchnerista y “hay que tener en cuenta los equilibrios dentro del Frente de Todos”, según deslizó una fuente del nuevo oficialismo. Por eso, de confirmarse el nombramiento de Recalde, es posible que se evalúen otros nombres en lugar de Siley para el reemplazo de De Pedro.
En realidad, en lugar de Cappellini –que termina su mandato como senadora– debería asumir su suplente, el justicialista Guillermo Snopek, del Bloque Justicialista. Si bien había sido respaldado por Carlos Caserio, la unificación del Bloque Peronista y el de Unidad Ciudadana en el Senado impuesta por Cristina Kirchner implicó que el nombre de Snopek también entrara en el “barajar y dar de nuevo” en la Cámara alta. La vicepresidenta electa preferiría en el Consejo a alguien que le respondiera, y ya “compensó” al mandatario santiagueño Gerardo Zamora, con la elección de su mujer, Claudia Ledesma Abdala, como presidenta provisional del Senado.
El otro representante de la mayoría justicialista en el Senado es el chubutense Mario Pais, que asumió a mitad de año como suplente de Pichetto y ya había estado en el Consejo años anteriores. Contaría con el aval del bloque para continuar en el Consejo, ya que sigue siendo senador.
Los nombres definitivos de los reemplazos se confirmarán cuando sean notificados oficialmente a la Corte Suprema por los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores que asumirán recién mañana. Previamente, estos deberán ser informados de las decisiones de titulares de los bloques oficialistas en ambos cuerpos. De hoy al jueves, cuando se reúna por primera vez la nueva composición del Congreso, las posibilidades siguen abiertas.
La jura de los nuevos integrantes del Consejo ante la Corte sucedería en los días posteriores a este jueves. Recién entonces se reunirá el Consejo con su nueva conformación y se elegirán autoridades en el organismo, lo más probable, la semana próxima.
El destino de los pliegos de los jueces
Otro tema que deberá resolver Fernández en los próximos días vinculado al mundo judicial es el retiro de los 128 pliegos de magistrados enviados por el Poder Ejecutivo saliente para su aprobación, que aún no fueron tratados en la Comisión de Acuerdos, y los 60 de jueces, fiscales y defensores oficiales que ya cuentan con dictamen y estaban en condiciones de ser aprobados por el plenario. Estas propuestas estaban destinadas a cubrir gran parte del total de 240 vacantes en Juzgados, Tribunales orales y Cámaras nacionales y federales que hay a la fecha en todo el país, sobre un total de 977 cargos.
Lo más factible es que muchos de ellos –si no todos– sean retirados y vuelvan a pasar por la mirada del nuevo presidente, en base a la terna elevada por el Consejo de la Magistratura, que es vinculante y no puede anularse. La revisión de los candidatos de las ternas es una práctica usual cuando hay un recambio del Ejecutivo.
Entre esos pliegos, hay varios para cubrir vacantes estratégicas. Una de ellas es el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, con competencia electoral en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, que alberga al 37% del padrón nacional. Si bien el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, había quedado primero en la terna elevada por el Consejo de la Magistratura, Macri eligió a Laureano Durán, quien había quedado tercero y es actualmente secretario de la Cámara Penal de La Plata.
Un lugar en la Cámara Electoral
Más allá de los pliegos que descansan en el Senado y cuyo destino deberá revisar Fernández, el Ejecutivo tiene actualmente otras 5 ternas en su poder sobre los que aún Macri no eligió candidato o candidata antes de irse. Una se refiere a la vacante en la Cámara Nacional Electoral (CNE), que se produjo en enero de 2016 a partir del fallecimiento del camarista Rodolfo Muné. La CNE es la instancia judicial que tiene la última palabra a la hora de dar luz verde o frenar las maniobras electorales de los partidos políticos; aprobar candidatos, listas o boletas; resolver cuestiones vinculadas a la vida interna de los partidos; o, por ejemplo, avalar un cambio en el sistema de votación.
La terna fue elevada por el Consejo de la Magistratura en mayo del año pasado, pero Macri nunca mandó un candidato al Senado. ¿El motivo? El Ejecutivo tenía la intención de proponer al actual secretario de Ejecución Judicial de la CNE, Hernán Goncalvez Figueiredo, que se especulaba tenía la venia del peronismo, pero se encontró con la oposición de sus socios del radicalismo que impulsan a Alejandra Lázaro. También secretaria de la Cámara, quedó en primer lugar de la terna y sería la primera mujer en integrar la CNE. El otro candidato de esa terna es el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, que contaría con el aval de “los gobernadores del PJ”. La disputa entre los socios de Cambiemos no fue saldada y el Ejecutivo no mandó ningún pliego a la Cámara alta. La decisión la tendrá Fernández.
Vacantes en la Cámara Federal
Más allá de los candidatos y ternas ya elevadas al Ejecutivo, hay otros vacantes y candidatos a jueces a los que prestará especial atención Fernández.
Actualmente suman 102 los concursos en trámite en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Varios están demorados o trabados, pese a que son para cargos clave que hoy no tienen juez. Si bien se supone que el proceso está a cargo del Consejo de la Magistratura y se realiza a través de un concurso público por oposición, como siete de sus integrantes son representantes del oficialismo y la oposición, la política suele colarse en alguna instancia del proceso.
Entre esos concursos están los de las dos vacantes en la Cámara Federal del fuero penal de la Capital, que es la que revisa todas las decisiones de los jueces de primera instancia de Comodoro Py. Fueron generadas por la renuncia de Horacio Cattani en la Sala II, que falleció el año pasado, y la de Eduardo Farah, en la Sala I, forzada por el Gobierno luego del fallo que dejó libre al empresario Cristóbal López y le cambió la carátula por la evasión de $8.000 millones del impuesto a los combustibles. Farah pidió su traslado a la Cámara Federal de San Martín, un cargo de menor exposición pública y más alejado de los avatares políticos.
Ese concurso está frenado en el Consejo a la espera de la entrega del puntaje por evaluación de antecedentes, que estaba en manos de De Pedro desde diciembre último. Como mañana asume como ministro, esa tarea quedará a cargo de su reemplazante.
A esas dos vacantes se podrían sumar otras dos en la Sala I de la misma Cámara Federal si el próximo Consejo de la Magistratura decide dar marcha atrás con el traslado de dos jueces de los Tribunales Orales Federales (TOF) a ese Tribunal revisor.
Esa vía de los traslados para ocupar una vacante –a la que recurrió el macrismo en varias oportunidades y muy cuestionada por la oposición– es considerada excepcional, ya que solo requiere la recomendación del Consejo de la Magistratura y la aprobación del Ejecutivo, sin pasar por el Senado. Se trata de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que pasaron a integrar la Sala I luego de la destitución de Eduardo Freiler –removido a través de un juicio político impulsado por el oficialismo– y de Jorge Ballestero, que renunció luego de que se impulsara una investigación en su contra en el Consejo, por el fallo que benefició a Cristóbal López.
Según las fuentes que se consulten, hay quienes en el Consejo dicen que Bruglia y Bertuzzi estarían “en la cuerda floja”, mientras otros aseguran que cuentan con el aval de la Corte para permanecer en sus cargos.
A esas posibles vacantes en la Cámara Federal, se sumaría la de Martín Irurzun, quien también se iría con el recambio del Gobierno. Irurzun es señalado por el kirchnerismo como el creador de una “doctrina” conocida por su apellido, que permitió encarcelar a ex funcionarios por entender que podían entorpecer las investigaciones judiciales a través de contactos directos que pudieran haber quedado con funcionarios actuales.
El camarista está en la mira del kirchnerismo y fue especialmente criticado por Cristina Kirchner en su alegato defensista el lunes pasado. “Irurzun te escucha e Irurzun te mete preso. Esa sería la fórmula de Comodoro Py”, sostuvo la mandataria ante los jueces del Tribunal, ya que el organismo judicial a cargo de las escuchas telefónicas autorizadas por la Justicia está bajo su órbita. El propio Fernández cuestionó en varias oportunidades esa decisión del camarista que posibilitó un cúmulo de prisiones preventivas de ex funcionarios kirchneristas.
Juzgados Federales de primera instancia
En los Tribunales Federales de Retiro hay otra vacante importante más para la política: el Juzgado Federal Nº 12. Su hasta hace poco titular, Sergio Torres, fue nombrado juez de la Corte de la Provincia de Buenos Aires por María Eugenia Vidal. Ese concurso está aún en etapa inicial y hasta el año que viene no estará resuelto. Será otro de los cargos clave en la Justicia que deberá cubrir Alberto y que estará atravesado por la política.
En el Frente de Todos especulan con que se sumaría el posible reemplazo de Claudio Bonadio, titular del Juzgado federal de primera instancia Nº 11. El impulsor de la causa de los cuadernos de las coimas es el juez más odiado por Cristina Kirchner. El magistrado fue quien procesó a la ex mandataria en una decena de oportunidades y pidió su presión preventiva en varias de esas causas. Bonadio ya tiene tramitada su jubilación, pero desde su entorno descartaron su retiro.
Por lo pronto, el mes pasado el oficialismo fracasó en su intento por cerrarle tres denuncias en su contra por cómo instruyó diferentes causas a su cargo. Bonadio tiene, además, otros cuatro procesos abiertos en el Consejo en su contra.
El futuro procurador
Aunque no en lo inmediato, Fernández deberá proponer al Senado su candidato para la Procuración General, ocupada en forma interina por Eduardo Casal, desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en noviembre del 2017.
El candidato que más suena es Daniel Rafecas, actual titular del Juzgado Federal Nº 3 de los Tribunales de Comodoro Py. “Es un magistrado de confianza de Alberto y capacitado para el puesto. Hablan con frecuencia”, señala una fuente del círculo más cercano del nuevo Presidente.
Rafecas concursó para cubrir cuatro vacantes en las Salas I y III de la Cámara Nacional de Casación en lo Penal y Correccional, y quedó primero en la terna. Su pliego ya fue enviado al Senado, y se descarta que tiene la venia del oficialismo entrante para su aprobación. El interrogante es cuánto durará en ese cargo si se confirma su designación como candidato a Procurador.
Para eso, como necesita una mayoría especial de dos tercios de los presentes, el Frente de Todos deberá vencer las resistencias de senadores del radicalismo, entre los cuales hay resquemores porque fue el juez que impulsó la causa de la denuncia de las coimas en el Senado en la época de Fernando de la Rúa. También la de legisladores de Cambiemos por la decisión de Rafecas de cerrar la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum con Irán, sin abrir la investigación.
El otro cargo de relevancia dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal al que el nuevo Ejecutivo le prestará también atención es el del fiscal ante la Cámara Federal, vacante desde la renuncia el mes pasado para acogerse a la jubilación de Germán Moldes. Ese funcionario es quien decide si corresponde mantener o desistir de las apelaciones de los fiscales de primera instancia contra los fallos de los doce jueces de Comodoro Py. También tiene la atribución de recurrir –o no– los fallos de ese tribunal ante la Cámara Federal de Casación, máxima instancia penal. Moldes venía siendo reemplazado desde que pidió licencia médica en septiembre por el fiscal general adjunto José Luis Agüero Iturbe.
Moldes fue quien, por ejemplo, sostuvo la reapertura de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán, en el que será juzgada en juicio oral la vicepresidenta electa. Esta vacante se suma a las más de 90 de fiscalías sin titular que tiene hoy la Procuración. El concurso para cubrirla recién está en sus comienzos.
