El libro “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”, un instrumento jurídico que persigue la implantación de programas de integridad en las empresas con el objetivo de enfrentar la corrupción, fue presentado en la Universidad Austral por la abogada Lina Anllo, presidenta de la World Compliance Association, Capítulo Argentino, quien dirigió la obra.
La comparación con otras normativas legales anticorrupción, la discusión parlamentaria en Argentina y el análisis exegético de los artículos de la Ley 27.401 están contenidos en este ejemplar.
“La idea de escribir este libro surge cuando se sanciona la ley. El 1 de marzo de 2018 me convoca la Editorial Hammurabi para hacer una ley comentada que sirviera de guía y pautas tanto para especialistas en derecho penal y compliance como para aquellos que quieran acercarse a la materia”, explicó Anllo a Infobae.
El mencionado libro intenta dar respuestas a las interrogantes que se presentan cuando se dan las primeras aproximaciones al mundo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance y, a su vez, pretende ser el punto de partida de debates técnicos que enriquezcan el trabajo, la doctrina y futura jurisprudencia.
Carlos González Guerra, redactor del prólogo de la obra, refirió que no se trata de un texto meramente académico, sino de consulta necesaria por cuanto comenta la Ley 27.401.
En ese sentido, Emilio Cornejo Costas, coautor, comentó que resulta necesario aplicar procedimientos en áreas sensibles de las compañías, para evitar que alguno de sus miembros incurra en algún delito.
María José Tamagno, también coautora, manifestó que aún la jurisprudencia deberá dar respuesta a algunos asuntos. Además, mencionó que, por ejemplo, la Ley 27.401 criminaliza la divulgación de información cuando los acuerdos no llegan a concretarse.
Si bien los programas de integridad aún no son obligatorios para todo el universo de las personas jurídicas, Sergio Nobile, coautor y vicepresidente de la World Compliance Association, Capítulo Argentino, recordó que pueden ser adaptados por las empresas según sus necesidades.
En vista de que las empresas que se vinculan con el Estado tienen riesgos más altos, el libro sugiere buscar asesoría para elaborar su programa de integridad o compliance, toda vez que la ley 27.401 contempla penas que van desde la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica hasta la disolución y liquidación de la personería (cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad), por delitos que incluyen al soborno, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, aprovechamiento indebido de información privilegiada, entre otros.
“Los empresarios deben leer atentamente este libro porque la ley establece la obligatoriedad de desarrollar un programa de compliance o de integridad como se conoció en la Argentina. Además tener un programa de integridad es un paraguas de protección para evitar que internamente se cometan ilícitos o irregularidades de corrupción que a la larga afectan la economía y la reputación que tienen las empresas. Y aquella empresa que desarrolla un programa de este tipo se vuelve más competitiva”, remarcó Anllo a Infobae.
El texto, dirigido por la penalista Anllo, contó con la autoría de Jimena Alguacil Cesari, Concepción Campos, Emilio Cornejo Costas, Ailen Data, Martín Ghirardotti, Claudio Lamela, Sergio Nobile, Juan María Rodríguez Estévez, Gabriela Ruibal, María José Tamagno y Florencia Vidal Fallone.
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