Hoy por la tarde, luego de un extenso alegato en la sala de audiencias del Tribunal Oral Nº8 en la calle Talcahuano, la fiscal Luz Castany pidió finalmente la pena para el fiscal general Julio César Castro, acusado de violar y golpear a su ex pareja, una abogada: seis años y seis meses de cárcel por los delitos de abuso con acceso carnal reiterado en dos oportunidades en concurso real con lesiones leves.
El juicio había comenzado a fines de agosto pasado en el Tribunal presidido por el juez Alejandro Sañudo con los magistrados Fernando Larrán y Fátima Ruiz López. Castany actuó con la asistencia de la UFEM, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de violencia de género. Cada audiencia fue a puertas cerradas, dada la naturaleza de la acusación no se permitió el ingreso de la prensa hasta la audiencia de los alegatos que transcurrió hoy, en la que estuvo presente Infobae. La víctima de Castro, una abogada 20 años más joven que él, también estuvo presente: pidió presenciar el proceso por sistema de video en una sala contigua, lejos de su presunto abusador, contenida por personal de la DOVIC, el área de la Procuración dedicada al acompañamiento de víctimas.
Castro, con más de treinta años en la Justicia penal, fue parte de las solicitadas y actividades de la agrupación Justicia Legítima. Fue designado director general de la UFISEX, el ala del Ministerio Público dedicada a investigar y combatir los delitos sexuales contra mujeres, la trata de personas y la prostitución infantil. El ex procurador Esteban Righi lo designó en el cargo, año 2007. Castro también fue fiscal ante el Tribunal Oral Nº15, estuvo entre los acusadores originales en el juicio al portero femicida Jorge Luis Mangeri, dio conferencias en simposios y hasta habló en la Cancillería sobre, precisamente, combatir la violencia de género y abuso de menores.
Castro eventualmente intentó ser juez, camarista federal. Se sentó frente a la Comisión de Acuerdos del Senado con una recomendación en su pliego firmada por el ministro Germán Garavano. No resultó. La Comisión, integrada en ese entonces por nombres como Juan Manuel Abal Medina y Federico Pinedo, presentó el 31 de mayo su resolución sobre el pliego de Castro: el rechazo fue total. “El candidato no reúne la condición de idoneidad”, aseguró el escrito de los senadores antes de remitir la notificación al Poder Ejecutivo.
Dos denuncias se cruzaron en su camino en el Senado. La primera fue formulada por una ex trabajadora de su fiscalía general, la recibió la Procuración misma en febrero de 2015 lo que inició una investigación interna contra Castro ordenada por la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó. La ex empleada habló de ser forzada a un virtual freezer laboral tras negarse a supuestos avances de Castro, maltratos y acoso que incluso habrían ocurrido mientras la empleada estaba embarazada y de al menos otras cinco mujeres que habrían sufrido avances inapropiados.
Un abogado cercano a Cristian Ritondo y ex candidato a diputado lo impugnó por algo mucho peor: una serie de tuits que databan de febrero de 2014, dirigidos a una menor chaqueña de 15 años y que “denotarían un inaceptable proceso de seducción de un hombre adulto hacia una menor de edad, circunstancia incompatible con las cualidades exigidas a un funcionario público”. “¡Pero qué linda!”, le respondía Castro: “Dale, te voy a buscar”. La paradoja era incómoda. De acuerdo a esta impugnación, el fiscal que estuvo a cargo de luchar contra la pornografía infantil contactó a una menor por Twitter para tratar de seducirla.
Luego, su ex novia lo denunció en marzo de 2017 en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Tras su denuncia, pidió instar la acción penal, que llevó a que Castro sea procesado por el juez Hernán López, una decisión confirmada por la Cámara Criminal en octubre de ese año. Los hechos que relató, ocurridos en lugares como vacaciones en Tailandia, en Mar del Plata, o en el departamento de Castro, estaban teñidos de frases particularmente denigrantes. Enfrentó pericias y declaró en el juicio, su testimonio fue de los primeros en ser escuchados. El procesó la desgastó: su querella fue una de las claves para que la acusación prospere, tuvo que desistir de ella antes de que comience el juicio por razones médicas.
En su indagatoria, el fiscal cargó contra su ex: la caracterizó como una stalker, una celosa patológica que lo sometía a un control constante. Una perito del Cuerpo Médico Forense habló de “sintomatología concomitante a un vínculo amoroso de características patológicas, con irrupciones de situaciones dilemáticas (potencialmente violentas) y escasos recursos de autopreservación”.
Por otra parte, hay en la Procuración una investigación en contra de Castro que es paralela a la de la Justicia y que puede costarle la destitución, encabezada por la fiscal federal Laura Mazzaferri. La investigación es anterior a la causa por violación en contra del fiscal, fue iniciada por la ex empleada que expuso a Castro en el Congreso. Mazzaferri encontró al menos otras nueve acusaciones de acoso sexual y laboral.
Ayer, en un documento de 57 páginas, el procurador interino Eduardo Casal finalmente autorizó la suspensión de Castro y el comienzo del juicio político en su contra con un tribunal que resolverá su destitución.
En los dos años que lleva la causa por violación, el fiscal general nunca fue detenido.
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