La Mesa del Senado, con mayoría absoluta del PP, ha admitido este miércoles la solicitud registrada por el Grupo Popular para que se vuelva a pedir de nuevo al Consejo Fiscal un informe sobre la Ley de Amnistía, después de que el pasado mes de enero el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, denegara la petición alegando falta de competencias. En concreto, los de Alberto Núñez Feijóo quieren reiterar su petición al Consejo Fiscal para que remita con carácter “urgente” un informe sobre la amnistía pactada por el PSOE y los partidos independentistas, y que la Cámara Alta disponga del mismo en la fase de presentación de enmiendas y propuestas de veto. Los ‘populares’ esgrimen que la competencia de informar sobre las leyes que afectan al Ministerio Fiscal es del Consejo Fiscal y no del Fiscal General del Estado, y que el Estatuto Orgánico de la Fiscalía “establece el deber de la institución” de colaborar con las Cortes, a requerimiento de éstas y cuando no exista obstáculo legal. LA FISCALÍA NO PUEDE NEGARSE De hecho, recuerdan que con la primera petición fue el propio presidente del Senado, Pedro Rollán, quien en “su función de velar por los derechos de los senadores” valoró necesario contar con “esa opinión experta del Consejo”, sin considerar que ello supusiera “una intromisión en la propia potestad legislativa del Senado”, sino como “el medio más idóneo” para que la Cámara conformase adecuadamente “su voluntad”. Asimismo, el PP sostiene que García Ortiz no puede negarse a redactar el escrito porque, a diferencia del Consejo de Estado, la Fiscalía “no es un órgano consultivo del Gobierno” y porque un informe relativo a las leyes “es exigible cuando afecta a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal”. También recuerdan que la Ley de Amnistía, que ya ha iniciado su fase de tramitación en el Senado, “contiene disposiciones en materia de derecho y procedimiento penal”, por lo que ven necesario la Fiscalía intervenga en los procedimientos que le afecten mediante cuestiones prejudiciales, bien ante el Tribunal Constitucional o en el ámbito de la Unión Europea. GARCÍA ORTÍZ REMARCÓ LA FALTA DE COMPETENCIAS Y DE PRECEDENTES Sin embargo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, justificó su rechazo a la elaboración del informe que le solicitaba Rollán en enero –cuando todavía el Congreso no había aprobado la Ley de Amnistía– alegando que el Consejo Fiscal “no tiene competencias” para emitir un informe sobre una proposición de ley. Según precisó García Ortíz, ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ni la Ley Orgánica del Consejo Fiscal, ni el Reglamento del Senado otorgan esas competencias, y además “no hay precedentes” o a al menos a la Fiscalía no le constaba que los hubiese. “No debemos hacer algo que la ley no nos permite hacer”, indicaba durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, donde además, también explicó que resultaba “bastante complejo” calcular el número de causas a las que afectaría la amnistía una vez aprobada. “Hay que ir procedimiento a procedimiento, compañero a compañero, juzgado a juzgado para poder determinarlo”, añadía. EL PP NO VE IMPEDIMENTO LEGAL PARA EL INFORME Aún así, el PP, en el escrito presentado a la Mesa, recalca que el argumento que el Fiscal General del Estado dio para no redactar el informe solo se aplica si la petición la hace el Gobierno, no así de una de las Cámaras, por lo que no ven un impedimento legal. Para que las Cortes no pudieran requerir un expediente debería hacerse referencia a ello en el Estatuto Orgánico de la Fiscalía. “Ninguna norma condiciona la relación entre el Ministerio Fiscal y las Cortes Generales; y ninguna disposición establece la prohibición de que esta colaboración se pueda producir en materia de emisión de informes prelegislativos a través del órgano que legalmente tiene la competencia atribuida en la materia, el Consejo Fiscal”, se lee en el texto presentado por los de Feijóo. Y recuerdan además que la Comisión de Venecia se refirió a este caso en su reciente informe, recordando al Fiscal General del Estado que “las consultas significativas, junto con un plazo adecuado, deberían ayudar a los órganos electos a evaluar la proporcionalidad de la amnistía prevista”.
