El 21 de agosto de 1976 la prensa argentina repitió de manera casi unánime: “El gobierno nacional repudió ayer en forma ‘terminante’ el asesinato masivo perpetrado en la madrugada en un campo ubicado en jurisdicción de Pilar, a 61 kilómetros al oeste de la Capital Federal”. También se informó que el Ministerio del Interior de aquella última dictadura había repudiado “el vandálico episodio atribuible a la demencia de grupos irracionales que pretenden perturbar la paz interior”.
Y aunque el ministro Albano Harguindeguy, a cuyo cargo estaba la Policía Federal, responsable de los crímenes, también expresó una “firme decisión de esclarecer los hechos”, la causa judicial por la aparición de 30 cadáveres dinamitados, llamado Masacre de Fátima, debió esperar hasta 2008, por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Sin embargo, el cable de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) IN019953 dio una versión exacta a pocos días: “Responsabilidad de la Policía Federal por asesinar a las treinta personas cuyos cuerpos aparecieron el 20 de agosto de 1976″.
Recorrido en sus cuatro páginas por la advertencia “secreto”, el texto pertenece al último paquete de documentos desclasificados en los Estados Unidos sobre los años 1976-1983 y es un telegrama de inteligencia. Allí se subrayó que el titular del ejecutivo de facto, Jorge Rafael Videla, se había enojado por el daño que el episodio hacía a la imagen del país: “La objeción de Videla no se refiere a que las 30 personas, que supuestamente estaban involucradas con los montoneros, fueran asesinadas, sino a la aparición pública de los cuerpos“.
Sintetizó el documento: “Videla está de acuerdo en que se debería matar a los subversivos, pero que el asunto en su conjunto se tendría que manejar discretamente”.
Según el cable secreto, “los niveles operativos de la Policía Federal Argentina fueron responsables de matar a los 30 individuos tanto en represalia por el asesinato del general Actis como a modo de advertencia a la izquierda extremista para que no participe en otros actos de violencia durante el periodo del 22 de agosto“.
El 19 de agosto de 1976 un grupo de hombres baleó el automóvil en el cual viajaba el militar retirado Omar Actis, presidente del comité organizador del mundial de fútbol, el Ente Autárquico Mundial ’78, dos días antes de dar una conferencia de prensa sobre el tema. Cuando el gobierno culpó a Montoneros, la organización rechazó el cargo sobre la base de la verosimilitud: por una interna de los militares, Actis respondía a Videla y el segundo del ente, contraalmirante Carlos Lacoste, al titular de la armada, Emilio Massera.
El 22 de agosto es el aniversario de la Masacre de Trelew, el asesinato de 16 guerrilleros de los grupos armados peronistas y los clasistas mientras intentaban completar una fuga del penal de Rawson en 1972, que sólo resultó exitosa para los líderes guerrilleros Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna.
Y mientras se discutía si a Actis lo había matado un grupo de paramilitares de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA, una hipótesis que hasta ahora no se ha refutado), aparecieron los 20 cadáveres de varones y 10 de mujeres, todos asesinados de un tiro en la cabeza, diseminados en pedazos en un círculo de 20 metros de diámetro cerca de un pozo de 80 metros de profundidad causado por la explosión de los cuerpos.
En un bolsillo de una de las víctimas se encontró escrito en un papel el mensaje “30 x 1”, que se interpretó como un comentario al discurso de Juan Domingo Perón días antes del Golpe de Estado de 1955: “¡Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos!”.
El informe de la CIA argumentó: “La Policía Federal había recibido antes información de que podría haber ataques coordinados del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros para conmemorar el 22 de agosto”. Y afirmó, sobre el origen de las víctimas: “Los 30 individuos asesinados habían estado bajo detención de la Policía Federal por presunta implicación con los montoneros”.
Todos los muertos habían sido secuestrados y estaban en el centro clandestino de detención de la Superintendencia de Seguridad Federal, en la calle Moreno al 1400 de la ciudad de Buenos Aires, más conocida por su nombre anterior, Coordinación Federal. Desde allí fueron trasladadas hasta Fátima.
A lo largo de tres párrafos el cable desarrolló el fastidio de Videla por la publicidad del asunto. “Está molesto porque los cuerpos fueron exhibidos de manera tan prominente y ha ordenado que esto no ocurra en el futuro. Videla considera que esa clase de situación se refleja negativamente en el buen nombre de Argentina tanto dentro como fuera del país”, dice el primero.
El segundo aludió a “la aparición pública de los cuerpos” y el tercero lo vinculó a otro caso: “El presidente Videla está extremadamente enojado por la aparición de los 30 cuerpos en Pilar y 16 cuerpos en otro sitio, considerando que la situación daña seriamente la imagen del país”.
Según “Muertos por la represión”, documento que Augusto Conte Mac Donell, Noemí Labrune y Emilio Fermín Mignone realizaron en 1982 para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se podría tratar de “un hecho similar al de la matanza de Pilar” sucedido el mismo día en Lomas de Zamora, “si bien la opinión pública sólo tuvo conocimiento del mismo por medio de trascendidos”.
Hasta el presente, sólo 20 de los 30 muertos en la Masacre de Fátima fueron identificados: Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Ángel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas, Conrado Alsogaray, Jorge Daniel Argente, Carlos Raúl Pargas, Ricardo José Herrera, José Daniel Bronzel, Susana Pedrini de Bronzel, Carmen María Carnaghi, Haydeé Cirullo de Carnaghi, Norma Susana Fontini, Selma Julia Ocampo, Horacio García Gastelú, Juan Carlos Vera, Roberto Héctor Olivestre, Enrique Jorge Aggio, María Rosa Lincon y Cecilia Podolsky de Bronzel.
En 2008, el Tribunal Oral Federal 5 (TOC 5) condenó a prisión perpetua por el caso a los policías retirados Juan Carlos Lapuyole (a quien se describió como hombre de confianza de Harguindeguy) y Carlos Gallone, mientras que absolvió a Miguel Angel Timarchi. No se juzgó a Luis Alberto Martínez, prófugo, ni a Carlos Vicente Marcote, fallecido.
La causa recordó: “Aproximadamente a las 4:30 horas de la madrugada del 20 de agosto de 1976, pobladores de las cercanías al lugar de los hechos, advirtieron una explosión. Por la mañana, a las 5:30 horas aproximadamente, un grupo de obreros que se dirigía a su trabajo, encontró, a unos dos kilómetros de la Estación del Ferrocarril Urquiza, 30 cuerpos […] con las manos atadas y con los ojos tapados con cinta de género”.
Gallone había tenido una breve fama como el policía que abrazaba a una mujer de Madres de Plaza de Mayo. La foto que Marcelo Ranea tomó para la agencia DYN —que se prestó a numerosas interpretaciones y mereció el Premio Rey de España— fue mencionada ante el TOC5. Mientras sostenía su inocencia, Gallone la citó: “A partir de allí mis compañeros me abandonaron y uno de ellos me advirtió: ‘Esto te va a traer varias desgracias’. Y hoy me encuentro sentado acá”.
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