En una acalorada y extensa sesión la Legislatura porteña sancionó hoy las leyes que permiten al Poder Ejecutivo local vender 12 terrenos para pagar el crédito internacional que financió los trabajos en el Paseo del Bajo y el traspaso de jurisdicción de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur.
La iniciativa de venta de los terrenos contó con despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside la diputada Paula Villalba (Vamos Juntos). En su tratamiento en Comisión, el diputado Mariano Recalde (Unidad Ciudadana) presentó un dictamen de minoría al considerar que “la enajenación de los terrenos contenidos en el articulado de la presente norma constituiría una decisión inadecuada en materia de administración de los activos y pasivos de la Ciudad. No existen razones de emergencia financiera para que esta Legislatura apruebe su autorización para la venta“. En la misma línea, el legislador Gabriel Solano (FIT) planteó observaciones.
Grupos de vecinos de la Villa 31 se manifestaron detrás del vallado instalado frente a la Legislatura sobre la calle Hipólito Yrigoyen e hicieron marchas de antorchas durante las últimas semanas.
En el debate del asunto en el recinto, el jefe de la bancada oficialista Agustín Forchieri destacó que durante el proceso de reubicación de vecinos del barrio Mugica, uno de los terrenos que pasarán a estar en venta, no se realizarán desalojos forzosos. Además valoró que fruto del consenso se haya avanzado en la construcción de dos nuevas escuelas y que la ciudad de Buenos Aires va a ganar dos hectáreas que antes no tenía.
Desde la oposición cuestionaron la venta de tierras públicas para pagar amortización de deuda y la forma en que se pretende urbanizar el barrio. También calificaron al proyecto de “negocio inmobiliario” y consideraron que es una ley expulsiva de los vecinos. Por otra parte, desde el bloque Evolución, que responde al precandidato a senador del oficialismo Martín Lousteau, consideraron que la iniciativa “presenta un paso fundamental y en dirección correcta para lograr la urbanización del barrio y su regularización dominial”.
Los diputados también aprobaron el convenio suscrito con la Nación y la provincia de Buenos Aires sobre transferencias de responsabilidades y atribuciones en materia de distribución del servicio de energía eléctrica, concesionado actualmente a las empresas Edenor y Edesur. Además de aprobar el convenio -despachado por las comisiones de Relaciones Interjurisdiccionales y de Asuntos Constitucionales- el proyecto incluyó el tratamiento de una ley para adherir a las normas nacionales sobre electricidad y para asignarle atribuciones respectivas, en adelante, al Ministerio de Economía y Finanzas del distrito.
“El proyecto de ley tiene como objeto la asunción por la Ciudad del ejercicio de la jurisdicción sobre el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica en conjunto con la provincia de Buenos Aires”, indica el texto que recibió aval parlamentario. El acta de acuerdo fue aprobada por 41 votos positivos y obtuvo 17 votos negativos.
Días atrás, en una visita a la Legislatura porteña, el subsecretario de Servicios Públicos bonaerense, Pablo Gaytán, precisó que el acuerdo “busca llevar adelante la regulación y el control del servicio eléctrico de la Ciudad con la Provincia y para ello transfiere el control de la concesión“, y destacó que esa tarea estará en manos del Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE).
El nuevo ente estará administrado por un directorio de seis miembros, tres por la ciudad de Buenos Aires y tres por la provincia, tendrá un mandato de tres años y su sede estará en la Capital Federal y contará con una delegación en La Plata, según se estableció en el acuerdo firmado en febrero de este año.
Un grupo de trabajadores del ENRE, el ente regulador que controla a las eléctricas, consideró que “es esencial que en todo el proceso de traspaso de jurisdicción se respete tanto la estabilidad laboral de quienes desde hace varios años nos desempeñamos en el control de Edesur y Edenor, como la ‘necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios’ que prescribe el artículo 42 de la Constitución Nacional”, y aseveraron que “sólo de esta manera el nuevo Ente Metropolitano velará desde el primer día por una protección integral y efectiva de los derechos de los usuarios“.
“Gracias a la mayoría automática de Cambiemos en la legislatura porteña, a la Ciudad le hacen aceptar el traspaso a libro cerrado, sin dictar su propia normativa, sometiéndose al polémico esquema tarifario que el gobierno nacional de Macri dictó en favor de las empresas. A esto se le suman algunos puntos poco claros en el traspaso, entre ellos una condonación de deudas a las empresas”, dijo Recalde a Infobae. Se refiere a una deuda de $7.000 millones que tenían las compañías con el Estado que deberán ser usadas para realizar obras de mejora y mantenimiento, según el acuerdo con el gobierno nacional.
También se debatió un pedido de autorización presentado por la Jefatura de Gobierno para contraer nuevos empréstitos de hasta 72 millones de dólares o su equivalente en otras monedas para financiar obras de infraestructura en la ex cárcel de Caseros.
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