Finalmente, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires puso fin a la polémica iniciada por las nuevas rejas que se instalaron en la Plaza de Mayo a mediados del año pasado. Tras haber sido declaradas ilegales por un juzgado de primera instancia, fue aprobada en segunda lectura una modificación especial del Código de Planeamiento Urbano.
En su fallo, el juez Osvaldo Otheguy había argumentado que su colocación no respetaba el Código de Planeamiento Urbano. Por esa razón, le dio al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta 90 días para que se votara una ley especial que las habilite. Si no conseguía este aval legal, tendrían que sacarlas. La causa judicial había sido impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Observatorio de Patrimonio y Políticas Públicas. También acompañaron diferentes organismos de derechos humanos.
La Plaza de Mayo es patrimonio histórico protegido y cualquier cambio en su morfología debe ser aprobado por ley. El artículo 4.1.2.2.1 taxativamente establece que en ese espacio sólo se permitirán trabajos de conservación y mantenimiento de los elementos preexistentes. Si bien ya había rejas que impedían que los manifestantes ocupen la totalidad de la plaza, estas eran provisorias y podían ser removidas.
El año pasado el Gobierno porteño llevó adelante una renovación de la plaza que costó más de $40 millones. Se cambiaron las baldosas, se restauró la icónica Pirámide de Mayo y se quitaron carriles a las calles laterales para poder ampliar el espacio verde. Según anunciaron, el objetivo fue recuperar el diseño ideado a fines del siglo XIX por el célebre paisajista Carlos Thays, creador del Jardín Botánico, los bosques de Palermo, el Parque Centenario y los jardines de la quinta de Olivos, entre muchos otros.
No obstante, fueron las rejas emplazadas de modo transversal desde Av. Hipólito Yrigoyen hasta Av. Rivadavia, por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista, las que desataron la polémica. “Es un sistema de rejas de las mismas características que las de Casa Rosada, cuya intención es que estén siempre abiertas al paso peatonal salvo que organismos de seguridad dispongan lo contrario”, detallaron desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Tras la sentencia judicial, el oficialismo porteño presentó el proyecto correspondiente e hizo un rápido uso de su mayoría automática. En la primera lectura el proyecto fue aprobado, únicamente con los votos de Vamos Juntos, la alianza PRO-Coalición Cívica. Toda la oposición votó en contra. Luego se realizaron las audiencias públicas correspondientes.
La legisladora oficialista Victoria Roldán Méndez, presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, explicó en la primera lectura del proyecto que el nuevo cerco tiene por objetivo “proteger tanto el patrimonio urbano como la seguridad de la Casa Rosada”. En ese sentido, remarcó que ya existía un vallado antidisturbios, que cumplía la misma función, que estaba instalado desde la crisis del 2001.
En la sesión de este jueves, el legislador Hernán Reyes explicó que la ley viene a “subsanar el planteo de la Justicia porteña” y agregó que la nueva reja viene a “suplir una valla que estuvo puesta durante 17 años, de los cuales los últimos 11 años estuvo fija”.
Por su parte, la oposición criticó la “política del hecho consumado” que utilizó el gobierno y argumentó que la verdadera finalidad de las nuevas rejas era desalentar la utilización de la plaza como epicentro de protestas políticas.
Gabriel Solano afirmó que “el único objetivo del Gobierno es cumplir un fallo judicial, lo que confirma que había hecho algo en contra de la ley”. Luego, el legislador del Partido Obrero/FIT criticó que la Justicia se haya “sacado el tema de encima”. En la misma línea, Myriam Bregman (PTS/FIT) dijo que le da vergüenza “que la Legislatura esté tratando estos temas cuando hay chicos sin clases porque hay ratas en las escuelas”.
Desde el Bloque Peronista, señalaron que esta ley sienta un mal precedente porque el Gobierno debería haber pedido autorización antes de comenzar con las obras. “En ese caso, el orden de los factores altera el producto”, expreso Silvia Gottero.
El kirchnerista Javier Andrade también cuestionó que el Ejecutivo haya “pasado por encima de una potestad del Legislativo” e ironizó que al revés de lo que dice el dicho (hecha la ley, hecha la trampa) “acá se hizo la trampa y hoy se hace una ley para arreglar lo que hicieron mal”.
La norma fue aprobada con 33 votos a favor y 22 votos en contra. Al igual que ocurrió en la primera lectura, solo contó con los votos del oficialismo porteño.
