La familia de Fernando Báez Sosa pidió que los diez los acusados por el asesinato del joven de 19 años queden detenidos con prisión preventiva.
En un escrito presentado por los abogados que los patrocinan, Fernando Burlando y Fabián Améndola ante el juez de Garantías David Mancinelli (que resolverá el día de mañana esa situación) solicitan que “se tenga a los diez imputados en calidad de coautores por haberse acreditado con el grado de certeza que esta etapa demanda la coautoría funcional”.
También dejan la puerta abierta para que exista otro posible autor: “Ha quedado acreditada la participación de los diez imputados, pudiendo surgir de la investigación la participación de otro sujeto aún no identificado”, señalan. Así, no sólo apuntan a Máximo Pablo Thomsen y Ciro Pertossi (quienes según la acusación de la fiscal Verónica Zamboni “habían acordado previamente darle muerte a la víctima”), ni a Enzo Tomás Comelli, Ayrton Michael Violla, Matías Franco Benicelli, Luciano Pertossi, Lucas Fidel Pertossi y Blas Cinalli (de “necesaria intervención”), sino también a Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, liberados tras la falta de resultados positivos en las ruedas que ocurrieron a mediados del mes pasado.
Además, la querella exige que la calificación pase de “homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas” a “homicidio triplemente agravado, por el concurso de dos o más personas, con alevosía y por placer”. Según ellos, los asesinos se pusieron de acuerdo “para matar en concurso, lo que se conoce como adhesión psicológica”.
Asimismo, agregaron que “los testimonios e imágenes incorporados a la causa permiten conocer cuál ha sido el rol de cada uno de los intervinientes, demostrativo del reparto de tareas en donde algunos se encargaron de agredir a la víctima, otros de atacar a los amigos de Fernando Báez Sosa, otros de inhibir con su presencia cualquier intento de asistencia de terceros, otros de arengar y dar aliento y otros de registrar en imágenes esta actuación plural”.
Para los abogados que patrocinan a la familia de Fernando, “la narración que hace de la situación la fiscal es correcta, pero tenemos diferencias valorativas del derecho. En otras palabras, está bien, pero se debe calificar de otra manera. La fiscalía genera menciones a los videos de la matanza, y para nosotros son indicadores claros y categóricos de otras calificaciones. Ella habla de indefensión, y nosotros decimos que aquí hay asesinato por placer y alevosía”.
Para justificar esos dichos, la presentación toma la palabra de la propia fiscalía en cuanto al grado en que Fernando ya no era una amenaza para los autores de su muerte: “… para comenzar a propinarle golpes de puño en su rostro el primer de los sujetos activos citados, provocando que la víctima cayera al piso inconsciente, y una vez indefensa la víctima y con el fin de darle muerte, patearon la cabeza del mismo causándole de esa forma lesiones corporales, en particular, lesiones internas y externas, que le provocaron su deceso en forma casi inmediata…”.
Sobre la calificación de “placer” al matar, incluyen las declaraciones de los testigos cuanto citan a Thomsen respondiendo “quedate tranquilo que me lo voy a llevar de trofeo” al grito de “dale, matalo, golpealo”; el hecho de filmar el ataque con un teléfono celular con el “propósito de registrar el evento para rememorarlo o compartirlo entre los agresores, y disfrutar una y otra vez el crimen llevado a cabo para reproducir su goce”; y la escena que registró una cámara de seguridad bajo el restaurante Cipriani, que muestra, dicen, “una descarga emotiva que lleva a Matías Benicelli a fundirse en un abrazo triunfal con Luciano Pertossi”.
Por otra parte, los abogados querellantes se defendieron de las acusaciones de la defensa de los rugbiers sobre su supuesto “instigamiento al odio” a través de los medios. Uno de ellos, en diálogo con Infobae, señaló sobre la posición del estudio que representa el doctor Hugo Tomei: “Nosotros hablamos objetivamente de lo que pasó. El peso de la conciencia hace que se confundan las cosas. Los que masacraron no fuimos nosotros, sino sus clientes. Los que les tienen que generar odio son sus clientes, sus representados, no nosotros. A veces la culpa, insisto, llega a confundir”.
Según indicaron, la intención de la defensa de pedir el arresto domiciliario para los detenidos no tiene sustento, y lo que buscan es señalar irregularidades en la instrucción con el objetivo de apartar a la fiscal Verónica Zamboni.
La presentación del documento, que consta de 84 páginas y fue entregado en el día de ayer, se debió a que tenían apenas 15 minutos para exponer su posición, y consideraron que era “insuficiente”.
La mirada de la querella es que en la audiencia que se llevó a cabo por la mañana en el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell, los rugbiers se mostraron “soberbios”. “Parecían Pumas y no presos”, señaló una fuente.
Además, discuten la liberación de Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, que aunque continúan imputados en la causa fueron liberados por el juez. “Deberían seguir presos. En los homicidios, la prueba inicial es fundamental. Y en esta causa la prueba es muy fuerte, incluso contra los dos liberados. Lo que sucede es que es tan fuerte contra los ocho que continúan detenidos, que hace generar una mirada distinta hacia ellos dos. Después del chat donde uno de ellos escribió la palabra ‘caducó’ hubo silencio. Eso los posiciona en una situación de complicidad. ¿Cómo explican que nadie haya dicho nada? Nosotros vamos a ir por ellos también”.
En estos momentos, señalaron, Graciela y Silvino, los papás de Fernando, se encuentran abocados a mantener viva la memoria y el pedido de justicia por su hijo, y por eso convocaron a una marcha el próximo martes 18 de febrero a las 18 horas frente al Congreso de la Nación, justo cuando se cumpla un mes del espantoso crimen.
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