Luego de varios años en Comodoro Py, la causa “Formosa” pasará a la justicia federal de esa provincia. En ese expediente se investiga la contratación de la firma The Old Fund, que cobró más de $7.600.000 por un supuesto asesoramiento a la provincia para reestructurar la deuda pública con el Estado Nacional. El juez Lijo se había declarado incompetente para investigar a los funcionarios provinciales, pero la Cámara Federal decidió hoy revocar ese fallo y mandó todo el expediente a la justicia federal de Formosa.
En agosto, luego de varios años de investigación por la conexión estrecha con la causa Ciccone, Lijo declaró su incompetencia parcial para investigar al gobernador, a la ex ministra de Economía Inés Lotto de Vecchietti, a Jorge Ubaldo Melchor (ex titular del Fonfipro formoseño) y a Martín Cortés (presidente del Banco de Formosa). El magistrado pretendía investigar solo el tramo de la causa que involucra ex vicepresidente Amado Boudou, a José María Nuñez Carmona y a Alejandro Vandenbroele.
La decisión fue apelada por el fiscal Jorge Di Lello, quien planteó que era “incongruente disponer la división de las participaciones de los imputados a esta altura del proceso, cuando claramente se trataba de un hecho único”.
Hasta el ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por el caso Ciccone, también cuestionó esa resolución. “Si se admite mantener la coexistencia de dos procesos judiciales abiertos -por idénticos hechos- en las condiciones que fueron descritas en las incidencias planteadas, no caben dudas de que se estará ante un caso palmario de desigualdad de armas entre las partes, ya que mi defendido se enfrenta a la acción instada por dos representantes del Ministerio Público de distinta jurisdicción bajo el control de dos Jueces distintos por los mismos hechos históricos”, sostuvo el abogado de Boudou, Eduardo Durañona.
También apeló la Oficina Anticorrupción, pero esa presentación fue desestimada porque el organismo que conduce Félix Crous renunció a su rol de querellante.
La Cámara Federal finalmente revocó el fallo de Lijo y decidió mandar todo el expediente a Formosa. “El hecho de que hayan intervenido en la maniobra funcionarios públicos a nivel nacional y otros a nivel provincial no aparece como suficiente -al menos en este caso- para dividir la investigación, pues que se trata de un hecho único con acciones concatenadas de imposible desmembramiento”, dice el fallo que tiene la firma de Mariano Llorens.
En Formosa ya hubo una causa que se inició por una denuncia del senador Luis Naidenoff. En pocos meses, un juez provincial decidió sobreseer al ex titular del Fonfipro Jorge Ubaldo Melchor. Ese funcionario también integró la lista de imputados que declararon en indagatoria ante el juez Lijo. A comienzos de 2017 desfilaron por Comodoro Py todos los funcionarios de Formosa junto a Boudou, Nuñez Carmona y Vandenbroele. Pero la situación procesal de todos ellos nunca fue resuelta.
La Justicia comprobó en estos años que The Old Fund, una firma sin experiencia en el mercado de la consultoría y sin actividad comercial antes de quedarse con Ciccone, cobró $7.667.161,30 (casi 2 millones de dólares) por un supuesto asesoramiento para la reestructuración de la deuda provincial. En su declaración como arrepentido, Vandenbroele declaró que fue toda una simulación, y que el dinero se repartió en dos partes de 795 mil dólares (una para los funcionarios de Formosa y otra para Boudou y Nuñez Carmona). El arrepentido habría recibido una comisión de 200 mil dólares.
Amado Boudou llegó al ministerio de Economía en julio de 2009 y en septiembre de ese año la provincia firmó el convenio con The Old Fund. En marzo de 2010, finalmente Boudou e Insfrán firmaron una adenda al acuerdo. Vandenbroele reveló luego que el contrato se firmó luego de la adenda, aunque figuraba con la fecha del 11 de septiembre de 2009.
El gobierno de Formosa utilizó al Fonfipro para el pago de la factura número 3 del talonario de The Old Fund. Esa factura -la primera, ya que las anteriores fueron anuladas- fue emitida el 20 de mayo de 2010. Fue Melchor el funcionario que hizo la retención de $156 mil de impuesto a las ganancias por aquella operación.
El dinero se retiró en efectivo en dos tandas: el 31 de mayo de ese año, y el 3 de junio. Luego se transfirió una “comisión” de más de 2 millones de pesos a la empresa de Martín Cortés, titular de la empresa Estrategias de Imagen y Comunicación, por un supuesto servicio de consultoría que nunca existió. Cortés también habría cobrado 219.085 USD. En total, recibió 795 mil USD. Según Vandenbroele, esa era la “coima” para los funcionarios de Formosa.
Tres años después de la indagatorias, la defensa de Insfrán, a cargo de Sergio Vargas, planteó que la actuación del gobernador vinculada al proceso de reestructuración de la deuda eran “actos administrativos de su exclusiva competencia, de estricto contenido de Derecho Público Provincial”. Lijo decidió, entonces, partir la causa y mandar a los funcionarios provinciales a Formosa, donde la justicia suele tener vínculos estrechos con el Ejecutivo.
Ahora, el juez Mariano Llorens se pronunció a favor de que la causa se investigue en la justicia federal de Formosa, donde habrían ocurrido los hechos. “Resulta sencillo concluir que al haberse desarrollado la presunta conducta delictiva en territorio provincial, por aplicación del art. 37 del C.P.P.N. -que establece el principio de territorialidad delictiva- corresponde atribuir competencia a la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito, esto es, a la provincia de Formosa, más precisamente, a los tribunales con jurisdicción en la capital provincial”, dice el fallo al que tuvo acceso este medio.
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