La Asamblea Nacional de Ecuador destituyó el miércoles en un juicio político a cuatro miembros de un ente con poder para designar autoridades de control, que fueron acusados de incumplimiento de funciones tras ser elegidos en comicios populares en marzo.
Con el voto de 84 de los 137 asambleístas, el Congreso censuró y cesó de sus funciones al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el sacerdote Carlos Tuárez; así como a los consejeros Victoria Desintonio, Wálter Gómez y Rosa Chalá, señaló el Legislativo.
Tuárez, señalado de ocultar su condición de fraile dominico, también fue acusado de falsificación de documentos y de una declaración juramentada de bienes.
“Este juicio político es un irrespeto al soberano, se ha demostrado hasta la saciedad nuestra inocencia, ya no sé en que idioma hablarles a los interpelantes que no entienden, #JuicioDeRepetición se viene”, expresó el ahora ex titular del CPCCS a través de su cuenta en Twitter.
Los cuatro destituidos recibieron el respaldo del minoritario bloque parlamentario afín al ex mandatario socialista Rafael Correa, quien vive en Bélgica y afronta dos órdenes de prisión dictadas por la justicia, pues se le acusa de estar involucrado en el secuestro de un opositor y el supuesto financiamiento privado a su campaña electoral a cambio de contratos con el Estado.
“Destitución de 4 consejeros del CPCCS no alineados con el Gobierno, es un nuevo golpe blando. Es un imposible en democracia. Prácticamente todos ellos sacaron más votos que los asambleístas que los «censuraron»”, sostuvo Correa en Twitter.
Durante su mandato, Correa (2007-2017) creó el CPCCS, que tiene atribuciones para determinar indicios de responsabilidad en casos de corrupción y designar autoridades, entre ellos al fiscal general y al procurador (abogado) del Estado, superintendentes de Bancos y miembros de organismos electorales y de la Judicatura.
Desde que dejara el cargo hace dos años, Correa mantiene una pugna de poder con su sucesor, Lenín Moreno, generando una crisis en el oficialismo.
El actual mandatario incluso llegó a manifestar en julio que tiene “la obligación de respetar y hacer respetar el orden constituido, el país no puede retroceder en esa reinstitucionalización que tanto trabajo ha demandado”.
(Con información de AFP)
