Blanca Aurora Arce Barboza presentó su renuncia como directora ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento Rural perteneciente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tras ser señalada como integrante dentro de la red criminal presuntamente dirigida por la fiscal suspendida del país, Patricia Benavides. La funcionaria había recientemente designada el 27 de marzo, a través de una resolución firmada por Hania Pérez de Cuellar, titular del Ministerio de Vivienda.
El nombre de Arce Barboza aparece en una resolución judicial que dio luz verde al operativo ‘Valkiria XI’, el cual implicó una serie de allanamientos e incautaciones significativas, donde también se ingresó a su vivienda, ubicada en Miraflores. La investigación detalla cómo la funcionaria fue nombrada en el cargo en octubre de 2023, tras un arreglo entre Benavides y exasesores del Ministerio Público, con el propósito aparente de manipular una licitación pública internacional para el beneficio de un empresario vinculado a la trama.
Esta licitación, con un valor estimado superior a los 140 millones de soles, estaba destinada para la adquisición de infraestructura crítica para el Ministerio Público, el Data Center principal y Data Center de contingencia. Sin embargo, tras modificaciones realizadas por Arce Barboza en noviembre de 2023 para favorecer dicha licitación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) objetó la operación, subrayando posibles impactos negativos.
El Ministerio de Vivienda, a través de un comunicado, aseguró que la designación se basó en su perfil técnico y la falta de antecedentes penales o judiciales previos, reafirmando su compromiso contra la corrupción. La implicación de la funcionaria en la estructura criminal, según la resolución judicial, era funcionar como una operadora dentro del esquema de corrupción orquestado para beneficiar a la red encabezada por Benavides y otros compinches.
La millonaria licitación
La designación de Blanca Arce Barboza como directora de la Carpeta Fiscal Electrónica y la controversia en torno a la licitación millonaria que favorecería a una empresa vinculada a Giancarlo Valer Enciso han suscitado polémica. Según se informó, tras la llegada de Patricia Benavides a un puesto clave, se produjo el reemplazo de Natalia Kelly Urbano Ramírez por Arce Barboza en octubre de 2023, mediante la resolución 2709-2023-MP-FN. Este cambio ha levantado sospechas sobre posibles manipulaciones en el proceso de selección de la licitación.
El foco de la investigación se centra en las acciones llevadas a cabo dentro del proceso de licitación, donde Jenny Ochante Cahuana fue señalada por su supuesta intervención para beneficiar a la citada compañía. Aunque Ochante presentó objeciones a la elección inicial del comité de selección, estas no prosperaron ante el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo al proceso y a los criterios de selección. Sin embargo, este mismo organismo posteriormente pidió revisar la idoneidad del comité tras observar posibles irregularidades en la selección de Itatel Perú como ganadora.
La situación actual mantiene la licitación abierta, bajo la lupa de las autoridades, para esclarecer si existen maniobras para asegurar que el contrato sea adjudicado a la firma asociada con Valer Enciso. EFICCOP, por su parte, ha expresado preocupaciones sobre una posible preselección indebida a favor de esta empresa, lo que subraya la necesidad de un análisis más exhaustivo para garantizar la transparencia del proceso.
