La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a dos oficiales de la Policía de Soacha por presuntas actuaciones irregulares durante la protesta registrada el 4 de septiembre de 2019, en ese municipio, que terminó con un estudiante de la Universidad de Cundinamarca herido por arma de fuego.
Se trata del teniente coronel (r), Alexander González Moreno, que se desempeñaba como jefe del Área Operativa del Distrito Especial de Policía Soacha, y el patrullero Nidier Nathan Delbasto Cortés, integrante de la fuerza disponible del municipio.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
Según la investigación adelantada por el Ministerio Público, durante las manifestaciones de estudiantes encapuchados de la Universidad de Cundinamarca, con sede en Soacha, por decisiones internas de esa institución, González Moreno permitió que personal que portaba armas de fuego participara en el procedimiento de control de los disturbios e ingresara a la universidad incumpliendo órdenes específicas del servicio.
Como consecuencia de esta situación, señaló la Procuraduría: “Se realizaron disparos que pusieron en riesgo la integridad de los estudiantes que no participaban en las protestas, de hecho, uno de ellos recibió un disparo en el muslo izquierdo y otros fueron ultrajados cuando se encontraban en los baños”.
El Ministerio Público también indicó que, en la confrontación, el patrullero Delbasto Cortés habría ingresado voluntariamente a la Universidad de Cundinamarca con varios policías sin que mediara una orden para ello y sacó su arma de fuego y la accionó en varias oportunidades.
De acuerdo con las pruebas recaudadas, el uniformado habría manipulado “imprudentemente” su pistola, actuando dolosamente y, en consecuencia, incumpliendo las reglas de obligatorio cumplimiento sobre el uso de las armas de fuego durante la prestación del servicio y el control de multitudes.
La Procuraduría calificó la conducta del teniente coronel (r) como grave a título de “culpa gravísima”, y en el caso del patrullero como “gravísima a título de culpa gravísima”.
Cabe recordar que, el pasado 10 de julio, la Procuraduría también formuló cargos contra el mayor de la Policía, Carlos Javier Arenas, que fue declarado responsable disciplinariamente por la muerte de Brayan Niño Araque durante las protestas del paro nacional en Madrid (Cundinamarca), el 1 de mayo de 2021.
El incidente involucró a Arenas, que operaba una tanqueta del entonces Esmad (hoy conocido como Escuadrón Móvil Antidisturbios y que hoy es conocida como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden —Undmo— ) y admitió haber disparado el lanzagases tres veces, según informó El Espectador. Uno de esos proyectiles impactó a Niño Araque en la cabeza, provocando una fractura craneal que resultó en su muerte.
La procuradora de la Sala Segunda de Juzgamiento, Olga Liliana Suárez, concluyó que, aunque Arenas fue responsable del disparo, su conducta fue considerada culposa, es decir, sin intención de causar un daño mortal.
Pese a que el Ministerio Público también le impuso una multa económica de e $18 millones, para la organización de derechos humanos DH Colombia y la familia de la víctima, estas medidas resultan insuficiente.
Mientras la defensa del mayor Carlos Javier Arenas alega que el acto fue una respuesta en el cumplimiento de su servicio bajo extrema tensión, los representantes de las víctimas buscan que se revise el caso en una segunda instancia para conseguir lo que consideran una sanción más equitativa.
El 18 de julio de 2023, la Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra Arenas. Según informó el fiscal encargado del caso, existen pruebas que indican que el mencionado agente estaba dentro de una tanqueta durante los hechos investigados y que tenía la capacidad de prever las consecuencias del uso de armas contra los manifestantes.
