Mayor desigualdad producto de la pandemia de COVID-19, pocas medidas efectivas para prevenir la violencia de género, fallas en la implementación del aborto legal en todo el país, persistencia de la violencia institucional, y falta de avances en las investigaciones de desapariciones forzadas son los principales déficits que identificó Amnistía Internacional en su último Informe Anual 2021/2022. El trabajo, sobre la situación de los derechos humanos en 154 países, se acaba de dar a conocer a nivel global desde Johannesburgo (Sudáfrica) y tiene un capítulo dedicado a nuestro país.
“Un año de falsas promesas para los derechos humanos en Argentina, el mundo y la región”, definió la organización internacional al 2021. El Informe relevó el estado de los derechos humanos de las mujeres y las diversidades, las víctimas de violencia institucional, los pueblos indígenas, los migrantes y personas refugiadas, y poblaciones afectadas por la crisis climática, durante el año pasado y los primeros meses de 2022 .
Si bien el informe destaca el avance registrado en materia de derechos humanos a partir de varias leyes sancionadas en el país, advierte que su implementación es deficiente y no garantiza ,en muchos casos, los derechos que apunta a proteger. Es el caso de la legalización del aborto. “Pese a la relevancia de la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina se evidenciaron problemas en la implementación de la ley en todo el territorio nacional”, sostuvo Amnistía Internacional en relación a la vigencia efectiva de la ley sancionada en diciembre de 2020.
“Además, continuaba la alarma por la proliferación de casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en diferentes jurisdicciones del país y persistía la impunidad en las investigaciones de desapariciones forzadas. En tanto, las poblaciones indígenas enfrentaban graves dificultades para acceder a los derechos colectivos sobre el territorio”, advirtió el reporte de la organización no gubernamental cuyo secretariado internacional tiene base en Londres .
El capítulo local de Amnistía acompañó el lanzamiento del reporte global, que profundiza en “las falsas promesas de los dirigentes del mundo que no pudieron enfrentar las devastadoras consecuencias de la pandemia, más aún en las Américas, región que ya tenía las tasas más altas de desigualdad de ingresos en el mundo antes del COVID-19″.
En el apartado referido a nuestro país, si bien destacó que para finales de 2021 había avanzado la vacunación y “alrededor del 79% de la población” contaba con dos dosis, consideró que “la pandemia profundizó las desigualdades existentes: la violencia contra las mujeres y las niñas y la falta de medidas efectivas para abordarla seguían siendo motivo de grave preocupación”.
Y en este sentido, la organización destacó las altas cifras de pobreza que, según cifras oficiales, en junio de 2021 alcanzó al 40,6% de la población, y la tasa de desempleo que ascendía al 8,6% en el tercer trimestre del año pasado.
“El 2021 debería haber sido un año de recuperación. En cambio, dejó un legado de profunda desigualdad. Si bien podemos mencionar esfuerzos como el plan de vacunación para contener el COVID o la continuidad de avances en políticas de género y diversidad, la inestabilidad y las falsas promesas siguen haciendo mella en los derechos humanos tanto de la población de nuestro país como en la de toda la región”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en diálogo con Infobae.
Y agregó: “El camino para dejar atrás el impacto de la pandemia rumbo a la nueva normalidad se vio signado por complejos obstáculos para la Argentina, sumidos en una profunda crisis económica y social. Hubo algunos avances la ley para la interrupción voluntaria del embarazo, etiquetado frontal, el cupo laboral trans, el documento no binario. Sin embargo, hay deudas pendientes que pareciera no podemos superar. Sancionamos leyes de vanguardia que luego no se implementan”.
“La igualdad y violencia de género, el respeto a las diversidades, la inclusión de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos sobre sus territorios, el fin de la violencia institucional y la correcta ponderación de la justicia climática como eje imprescindible para pensar un futuro sustentable que apuntale el desarrollo armónico de nuestra sociedad, son algunos de los ejes que destacamos en nuestro informe”, añadió.
Derechos sexuales y reproductivos
Según el Informe, “la pandemia exacerbó las desigualdades de género existentes en lo que respecta a la vida política, económica y social de las mujeres. El entramado persistente en diversas esferas de la vida cotidiana reproduce y perpetúa mandatos y estereotipos de género que excluyen a las mujeres y personas lgbti+ del acceso igualitario a derechos y oportunidades”.
Durante el primer año posterior a que el Congreso aprobara la ley para la despenalización y legalización del aborto dentro de las primeras 14 semanas de embarazo “persistieron los problemas de implementación de la norma”. Entre varias dificultades, el trabajo destacó la escasez de información, la falta de acceso a medicación, el desarrollo de políticas públicas y la insuficiente capacitación. “No se ejerce un derecho que no se conoce”, advierte el Informe.
“Lograr la efectiva implementación de la ley exige que se desarrollen políticas públicas para garantizar la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, capacitar a profesionales de la salud, garantizar el acceso al misoprostol, promover la comercialización de la mifepristona, fortalecer el acceso a atención post evento obstétrico, robustecer el ejercicio de la educación sexual integral, y garantizar el acceso a la información para el empoderamiento legal de las mujeres y personas gestantes, entre otras cuestiones”, detalla el trabajo. Sin embargo, resalta que “en el primer año de vigencia de la ley, ni el Estado Nacional ni los estados provinciales han realizado campañas de difusión sobre cómo y dónde ejercer el derecho al aborto”.
El dato surge de los pedidos de acceso a la información pública realizados por Amnistía Internacional, entrevistas a profesionales de la salud, activistas, abogadas y organizaciones de la sociedad civil; testimonios de mujeres y personas con capacidad de gestar que enfrentaron barreras en el acceso al aborto legal y el trabajo en el territorio del equipo de investigación de Amnistía en distintas jurisdicciones del país. Según el relevamiento del capítulo argentino de esta organización internacional, solo algunas jurisdicciones realizaron acciones aisladas de difusión, como Entre Ríos, Tierra del Fuego, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, y Ciudad de Buenos Aires.
Además de la demanda espontánea, precisó que una de las principales vías de acceso a consultas sobre la interrupción voluntaria del embarazo es la Línea 0-800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, que brinda atención personalizada para facilitar el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva en todo el país. “Nueve de cada diez consultas tienen que ver con el acceso a la IVE y a la ILE”, señala el trabajo.
Amnistía valoró negativamente la investigación penal impulsada por la fiscalía general de Graves Atentados contra las Personas de la Provincia de Salta contra una médica residente del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, a raíz de la atención brindada a una paciente adulta que requirió acceder a un aborto legal. En el marco de dicho proceso, la médica fue privada de la libertad y todavía se encuentra sometida a medidas de coerción sustitutivas a la prisión. Al cerrar el 2021, el proceso aún seguía abierto pese a los reclamos y solicitud de sobreseimiento, pese a que Miranda actuó de acuerdo con las obligaciones dispuestas en la ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo.
Violencia contra las mujeres
Tras brindar datos de la violencia de género en Argentina, advierte que “es, a esta altura, una crisis endémica que ningún gobierno ha podido resolver”.
Menciona que, en 2021, se registró un femicidio cada 30 horas. Esto equivale a 289 víctimas mortales confirmadas, que incluyen 24 femicidios vinculados, nueve personas Trans y 15 suicidios feminicidas, según datos del Estado. El 15,2% de las víctimas había denunciado previamente a su atacante. Según el Observatorio de Femicidios de la oficina del Defensor del Pueblo de la Nación, el 65% de los femicidios fue cometido en la vivienda de las víctimas, el domicilio compartido o en un entorno familiar.
“Esta situación se vio agravada por la falta de respuestas efectivas y eficientes por parte del gobierno ha podido resolver. Tanto las políticas públicas para abordar la violencia de género, como la ausencia de una perspectiva tal entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a la hora de responder o aplicarlas adecuadamente no parecen estar funcionando”, se advierte en el reporte. Y subraya: “El Estado tiene incontables oportunidades para incidir y desarticular los procesos de violencia de género que atraviesan las víctimas, antes de que se consume un asesinato por motivos de género”.
Para Amnistía, “lamentablemente, la relevancia que se le ha dado públicamente a la lucha contra la violencia de género se contrapone con los bajos índices de persecución y juzgamiento que se registran históricamente en Argentina y en la región en general”.
Según los datos del Informe, en nuestro país, solo el 15,5% de denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias. “Este patrón se reitera en otros países de la región. La impunidad en los delitos de violencia sexual envía el mensaje equivocado, de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece el sentimiento de inseguridad, así como una persistente desconfianza en la justicia”.
Amnistía también hace visible en su Informe la violencia de género online. Tras destacar que las redes sociales fueron el escenario primordial de importantes campañas por los derechos de las mujeres en todo el mundo, como el #NiUnaMenos, #MeToo, #TimesUp y #Cuéntalo “la falta de acción de los Estados y las empresas para garantizar el respeto por los derechos humanos y hacer frente a la violencia y el abuso online no contribuye a que las mujeres usen su voz para ‘generar un cambio en el mundo’, sino que las empuja hacia una cultura de silencio”.
El trabajo señala que “la proliferación de acciones concertadas y de cuentas mecanizadas –a través de bots y trolls– hicieron la experiencia más hostil, potenciada por las insuficientes medidas adoptadas por la plataforma para morigerar los casos de violencia de género online y la falta de regulación por parte del Estado”.
Abuso sexual infantil
El estudio pone el foco también en el abuso sexual infantil. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel mundial, una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños sufre violencia sexual en las infancias. “En la Argentina, según datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef (2019-2020), el 11% de las mujeres de 18 a 49 años declaró haber sido víctimas de abuso sexual durante su infancia o adolescencia. Extrapolando esta estadística a las infancias, al menos una de cada diez niñas y adolescentes sufren violencia sexual”, advierte el informe.
Asimismo, señala que “cada año alrededor de 80.000 adolescentes tienen un hijo/a y siete de cada diez adolescentes no han deseado ni planificado ese embarazo. Entre quienes son menores de 15 años, ocho de cada diez no lo ha hecho, en su mayoría consecuencia de abusos y violencia sexual”.
El Informe menciona el caso de la actriz Thelma Fardin y la denuncia que presentó en 2018 contra el actor Juan Darthés. quien se radicó en Brasil como consecuencia de la acusación. Para Amnistía, su caso marcó un punto de inflexión en Argentina: “La noche en que Thelma hizo pública su denuncia, las llamadas a la línea contra el abuso sexual infantil aumentaron en un 1200%”.
Paridad de género
Para Amnistía Internacional, en Argentina “se perpetúa la histórica exclusión de las mujeres de los espacios de decisión en los tres poderes del Estado”.
Advierte que, en el ámbito legislativo, “pese a los avances de leyes de paridad a nivel nacional y, particularmente, en algunas jurisdicciones, su aplicación efectiva ha sido objeto de disputa judicial”, advierte la organización. En tanto, en el Poder Ejecutivo, “en la actualidad solo son dos las mujeres que ocupan cargos ministeriales, lo que representa el 10% de la administración”.
Y destaca la persistencia del techo de cristal en la Justicia, tal como dejó en evidencia el Mapa de Género en la Justicia Argentina actualizado en 2020 por la Corte de Suprema.”Sólo el 31% de las mujeres ocupan cargos de juezas y camaristas en la Justicia federal, mostrando una base mayoritaria de mujeres y una cúpula en la que predominan los varones. El 15 de diciembre de 2021 venció el plazo para el envío del pliego al Senado para ocupar el cargo vacante tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en el máximo tribunal de Justicia de la Nación. La perpetuación de la vacancia actual supone una situación de absoluta gravedad institucional, porque hoy está compuesta íntegramente por varones”.
El Informe llama la atención, también, sobre la persistencia de la desigualdad en el reparto de las tareas de la casa. “Las mujeres realizan más del 76% del trabajo doméstico y de cuidados en el país y dedican diariamente 96 millones de horas de trabajo no remunerado a las tareas del hogar y atención. Esta realidad se vio agravada por la pandemia, en la que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado aumentó su nivel al 21,8% del PIB (un incremento de 5,9 puntos porcentuales con respecto a la medición previa a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19)”, señala.
Trabajo sexual
Según el Informe, “el colectivo de trabajadoras sexuales ha denunciado un incremento en el hostigamiento y persecución a trabajadoras y trabajadores sexuales cisgénero y trans por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires”.
De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal a Amnistía Internacional, en los últimos dos años se han iniciado 3.550 actuaciones fundadas en la aplicación del artículo 96 del Código Contravencional y de Faltas, de las cuales el 99,5% se encuentran archivadas. “Esto deja al descubierto la aplicación de la ley vigente como forma aleccionadora y de hostigamiento. El colectivo ha presentado una iniciativa para la derogación del artículo 96″, señala el trabajo.
Educación sexual integral
A 16 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), según relevó Amnistía “persiste una brecha significativa entre el marco normativo y su implementación real. Solo el 4% de estudiantes de nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos básicos, prioritarios y obligatorios de la ESI.
Por su parte, siete de cada diez docentes sostienen que necesitan más capacitación en materia de violencia de género, abuso sexual infantil y diversidad sexual, identidad y expresión de género, lo que pone en evidencia la falta de políticas públicas para fortalecer la formación en la Ley”.
La ESI es considerada por Amnistía como “una herramienta central para que los niños, niñas y jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre su cuerpo, sexualidad y salud, aprender a construir relaciones equitativas, comprender la importancia del respeto de la diversidad, prevenir situaciones de abuso sexual, identificar episodios de violencia y conocer métodos para prevenir embarazos no intencionales, entre otras cosas”. En este sentido, lanzó un petitorio para exigir a las autoridades que se garantice la ESI en todas las escuelas del país.
Violencia Institucional
El Informe advierte que, al finalizar 2021, quedó pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional por parte de funcionarios policiales en los Servicios de Seguridad y Penitenciarios.
“En los últimos años, Amnistía Internacional relevó casos en todo el país. Muchos de los que se siguieron registrando a lo largo de 2021 ilustran prácticas abusivas, fuertemente arraigadas y extendidas por parte de las fuerzas de seguridad de todo el país”, advierte.
Y menciona, entre otros, los casos de Lucas González, el joven de 17 años, baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio de Barracas, y el de la familia qom, a cuya casa ingresó por la fuerza y sin autorización legal un grupo de policías en el barrio chaqueño de Fontana, imputados por los delitos de vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, detención ilegal, falsedad ideológica y encubrimiento. El informe incluye, también, los casos de Mauro Coronel, Blas Correa, Josué Lagos, y la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro a finales de 2020.
Menciona, además, el caso de Santiago Maldonado, ocurrido durante la gestión de Mauricio Macri, y que fue calificado por su familia, el kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos afines como “una desaparición forzada de persona”. Sin embargo, luego se encontró su cuerpo en el río, y la Justicia determinó que la causal de su muerte fue “asfixia por sumersión” y que “el cuerpo habría permanecido desde su desaparición en el medio acuático”. Sin embargo, en 2019, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió reabrir la causa que había archivado el juez Gustavo Lleral. Si bien descartó que haya existido el delito de desaparición forzada de persona, dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes –como así también algún miembro de la comunidad mapuche- hayan abandonado a Maldonado en las aguas del río Chubut.
“A finales de año seguía pendiente la decisión de la Corte Suprema en el caso de la posible desaparición forzada de Santiago Maldonado, que tenía 28 años. Su cadáver fue hallado en 2017 en un río del territorio mapuche de la provincia de Chubut 78 días después de que las fuerzas de seguridad hubieran acordonado la zona. La causa continuaba paralizada y en total impunidad. Seguía preocupando la falta de reformas que apunten a promover políticas públicas institucionales para fortalecer los mecanismos para la búsqueda efectiva de personas desaparecidas y la investigación judicial de presuntas desapariciones forzadas”, sostiene el último Informe de Amnistía Internacional.
Pueblos indígenas
El capítulo sobre Argentina incluye un ítem referido a las comunidades indígenas. Según el Informe, “la falta de reconocimiento territorial es un denominador común en todo el país y habilita la vulneración de otros derechos humanos de las comunidades indígenas”. Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hay en el país 1.760 comunidades identificadas por el Programa de Relevamiento Territorial. “Pese a la obligación que surge de la Ley de Emergencia Territorial de relevar a todas, a 16 años de su sanción, solo el 43% concluyeron el proceso”.
Amnistía Internacional relevó “más de 300 casos en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras) y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen la normativa vigente”.
Crisis climática
Amnistía recuerda en su reporte que “durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (cop26), en septiembre de 2021, la Argentina anunció su compromiso de mejorar en casi un 26% sus contribuciones determinadas a nivel nacional (ndc, por sus siglas en inglés) en comparación con sus ndc de 2016, y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Sin embargo, estos objetivos siguen siendo insuficientes porque no se ajustan al compromiso global de reducir el calentamiento global a 1,5 °c”.
“Las intensas olas de calor, sequías e incendios en grandes extensiones de tierras en todo el país volvieron a poner en la agenda la necesidad de tratar en el Parlamento, con la mayor celeridad posible, la Ley de conservación de humedales”, que representan el 21% de los territorios nacionales. “En 2020, casi 1.200.000 de hectáreas fueron afectadas por el fuego. Si bien en 2021 esta cifra disminuyó, los incendios masivos en la provincia de Corrientes y la declaración de emergencia del Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 6/2022) dieron cuenta de que el peligro de nuevas emergencias ígneas está latente”.
“Desde 2013 se presentaron en el Congreso diversos proyectos de ley de protección de humedales que, sin embargo, fueron perdiendo estado parlamentario. En 2020, se presentaron 13 proyectos y uno de ellos avanzó con el apoyo de más de 380 organizaciones de la sociedad civil y colectivos. A pesar de haber tenido dictamen conjunto de comisiones en la Cámara de Diputados, no fue tratado en el recinto y recientemente perdió estado parlamentario”.
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Fotos: Amnistía Internacional
