La reforma del Código Penal fue anunciada por primera vez de manera oficial a fines de marzo por el sultán Hassanal Bolkiah. Sin embargo, no apareció en ninguno de los medios de comunicación de esta pequeña, pero próspera nación del Sudeste Asiático.
El nuevo ordenamiento incluye la lapidación como castigo al “delito” de mantener relaciones homosexuales. Además, establece la mutilación de la mano o el pie por robo; la pena capital por blasfemia, difamar el nombre del profeta Mahoma y la apostasía; y la flagelación por aborto, entre otras. Todas están basadas en la Sharia, la ley islámica.
La noticia desató la indignación de la comunidad internacional. El Parlamento Europeo aprobó el 18 de abril una resolución condenando a Brunéi por no respetar los derechos fundamentales en aspectos como el respeto a las minorías, la disidencia política o las relaciones entre personas del mismo sexo.
En respuesta, el sultanato le envió esta semana una carta de cuatro páginas a la Eurocámara, defendiendo la salvaje legislación. El reino hizo un llamamiento a la “tolerancia, el respeto y la comprensión” en relación con el deseo del país de preservar sus valores tradicionales y su “linaje familiar”.
“La penalización del adulterio y la sodomía tiene por objeto salvaguardar la inviolabilidad del linaje familiar y del matrimonio para los musulmanes, en particular las mujeres”, dice la carta.
Por otro lado, las autoridades del sultanato buscaron relativizar el impacto de las sanciones, con el argumento de que serán de difícil aplicación. “Las sentencias penales tienen un umbral probatorio extremadamente alto, que requiere no menos de dos o cuatro hombres de alta consideración moral y piedad como testigos, con exclusión de toda forma de prueba circunstancial (…) junto con un nivel muy elevado de prueba de “sin duda alguna” para todos los aspectos, que va más allá del nivel del Derecho anglosajón de ‘más allá de toda duda razonable'”.
Tal es la exigencia de las “normas de piedad del testigo masculino”, según la misiva enviada por Brunéi, que será “extremadamente difícil encontrar uno en estos tiempos, hasta el punto de que las condenas a lapidación pueden terminar dependiendo únicamente en las confesiones del ofensor“.
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló que la aplicación de estas leyes “supondría un serio retroceso de los derechos humanos en Brunéi”.
“El nuevo Código Penal es brutal en su núcleo al imponer estos arcaicos métodos de castigo a actos que no deberían ser considerados crímenes“, declaró hoy Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch.
Por su parte, el sultán, de 72 años y afamado por su vida opulenta, con varios escándalos amorosos, sostuvo que la medida mantendrá “la paz y el orden”. El objetivo para el monarca sería “educar, respetar y proteger los derechos legítimos de todos los individuos de cualquier raza y fe”.
El sultanato, millonario gracias a sus ingentes reservas de petroleo y gas, comenzó a introducir los castigos basados en la ley islámica en 2014, con una primera batería de enmiendas para las condenas menos duras.
Pero la exitosa campaña internacional de boicot contra el entramado de negocios bajo el patronazgo del sultanato, entre ellos una cadena de hoteles de lujo en Estados Unidos y Europa, conllevó a la suspensión temporal de la introducción de las penas más estrictas y castigos corporales, prevista para finales de 2016.
Aunque el actual Código Penal contempla la pena de muerte, Brunéi no ha realizado ninguna ejecución desde 1957 y la última sentencia data de 2017 por un delito de droga. La nueva legislación se aplicará principalmente a los ciudadanos que profesen la fe musulmana, quienes representan el 70 por ciento de la población del sultanato, unos 300.000 nativos, aunque en algunos casos también se utilizará con extranjeros o fieles de otras creencias, en su mayoría budistas y cristianos.
Con información de EFE
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