Herme Juárez, el sindicalista portuario detenido por lavado de dinero y extorsión, pasará esta noche en la cárcel de Ezeiza a la espera de que le tome declaración indagatoria el juez Adrián González Charvay. El magistrado tiene diez días para realizarla, aunque todavía no hay una fecha confirmada.
El gremialista llegó a Buenos Aires desde Santa Fe y, previo a ir al penal, pasó por la Alcaidia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, en donde fue revisado por un médico legista para constatar su estado de salud y hacer los trámites de rigor.
Juárez se desempeña como secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y fue arrestado esta tarde luego de un operativo que incluyó 31 allanamientos. Se lo acusa de varios delitos, entre ellos de haber conformado una asociación ilícita que lavó dinero y realizó estafas, con otras figuras penales como malversación de caudales privados y públicos.
Junto a Juárez fueron detenidas otras diez personas: su hijo Oscar Juárez, el gerente Gustavo Daniel Badia, el ex tesorero Hernán Mario López, el tesorero Damián Luis Bunuello, Pablo Luis Bunuello, el síndico Ramón Rubén Tevez, el abogado de la cooperativa San Lorenzo Ramón Jorge Jeres, su hermano y presidente de la cooperativa Iván Daniel Juárez y José Luis Gómez.
El sindicalista fue detenido en su lujosa mansión ubicada a unos pocos kilómetros de la ciudad de Rosario en la zona de San Lorenzo, sobre la calle Hugo Parente.
A lo largo de los años, Juárez se hizo con el control total de los negocios que se desarrollaron en el Puerto San Martín. Con el paso del tiempo extendió sus influencias hasta el puerto de San Lorenzo, donde funciona una célula de idéntico funcionamiento, llevada a cabo por una cooperativa explotada por su hermano, Iván Juárez.
En los papeles, el objetivo “oficial” de las cooperativas era generar fuentes de empleo entre trabajadores que percibirían de manera equitativa los beneficios del negocio. Sin embargo, la justicia investiga si Juárez convirtió esa cooperativa en una suerte de empresa privada que se aprovechaba de los beneficios impositivos para enriquecer su patrimonio personal.
Pese a que la ley lo contempla, ningún estibador habría participado en las ganancias de la cooperativa, ni habría votado en las asambleas. A lo largo de las décadas, todas las decisiones habrían sido tomadas exclusivamente por Herme Juárez.
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