La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitió este martes un dictamen de mayoría para enviar al recinto el proyecto de juicio en ausencia.
De ser aprobada, la iniciativa tendría como caso más ilustrativo el juzgamiento de los iraníes acusados de perpetrar el atentado a la AMIA, tragedia que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos, y de la que se cumplen 25 años el próximo jueves.
El juicio en ausencia es un instituto legal que se aplicaría en aquellas situaciones en las que un imputado no se presentase frente a la justicia, sea por rebeldía, por fuga o paradero desconocido, por no haber sido entregado al tribunal por las autoridades estatales competentes o por algún otro motivo. El objetivo es reglamentarlo en casos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, así como los perpetrados por el crímen organizado.
El proceso no podría llevarse a cabo sin la presencia de un abogado defensor designado por el imputado, o, en su defecto, un defensor oficial nombrado por el juez a cargo de la causa. Si el o los acusados dciden presentarse, podrán pedir la revisión de las pruebas y proponer nuevas.
La iniciativa fue lograda en base al consenso de cuatro iniciativas presentadas por diputados de Juntos por el Cambio: Daniel Lipovetzky (PRO) Pablo Tonelli (PRO), Jorge Enriquez (PRO) y Luis Petri (UCR) y contó con el apoyo de la mayoría de PRO y la UCR, así como de los ministerios de Justicia y Seguridad.
Petri, en tanto, aseveró: “Vamos a firmar con las dos manos este proyecto porque es una deuda que el Estado tiene con las víctimas de la AMIA y de toda la sociedad argentina.
En tanto, los representantes de Argentina Federal y la Coalición Cívica firmaron en disidencia. A la hora de fundamentar su decisión, la diputada de la CC Paula Oliveto indicó que el juicio en ausencia tiene que ser la excepción a la regla” y pidió seguir trabajando para “que efectivamente pueda ser aplicada y no se convierta en una mera declaración de voluntad. Además, indicó que intentará que sus propuestas sean consideradas antes de que el proyecto se vote en el recinto.
Por su lado, el kirchnerismo rechazó el proyecto y, mediante el diputado Rodolfo Tailhade, cuestionó el cambio de tres diputados radicales que integraban la comisión por otros horas antes del inicio de la reunión. Insinuó que se trató de una maniobra para conseguir quorum.
Tailhade describió a la iniciativa como “un disparate que raya lo mamarracho” y dijo que “sólo se realizó una reunión sobre el tema en mayo a la que asistieron funcionarios sin que se permitiera ese día el debate de los diputados”, algo que describió como una “reunión informativa o de propaganda”.
Actualmente hay cinco alertas rojas de Interpol -equivalentes a pedidos de captura internacionales con fines de extradición- hacia igual cantidad de funcionarios y ex funcionarios iraníes sospechosos de haber estado involucrados en el atentado a la AMIA.
Ellos son Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria; Ali Fallahian, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural; Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS; y Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina. En tanto, hay cursadas órdenes de arresto para Ali Akbar Velayati y Hadi Soleimanpour, mientras que Ali Akbar Hashemi, otro sospechoso, está muerto.
No obstante las alertas, los sospechosos -en conjunto- han viajado a más de 20 países sin haber sido aprehendidos por autoridades nacionales o internacionales.
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