El juez federal Claudio Bonadio rechazó hoy investigar y llamar a indagatoria por lavado de dinero a la ex presidenta Cristina Kirchner y un grupo de empresarios vinculados a la causa de los cuadernos de la corrupción. La Unidad de Información Financiera (UIF) había pedido esa medida en el marco del escándalo que nació con las anotaciones de Oscar Centeno. Bonadio, sin embargo, entendió que esa denuncia de la UIF no forma parte del expediente que ya está a punto de elevarse a juicio. Así, ordenó extraer testimonios para que esa hipótesis sea analizada, previo sorteo, por otro juez y otro fiscal.
La UIF, un organismo que depende del Ministerio de Hacienda y que es querellante en el Caso Cuadernos, solicitó que se abriera una investigación por lavado de dinero contra los ex funcionarios y empresarios de obra pública que fueron imputados inicialmente en el caso judicial que se inició a partir de las revelaciones del chofer Oscar Centeno. Y promovió las indagatorias de, entre otros, de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y de los empresarios Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (SACDE) y Angelo Calcaterra, quien fuera dueño de la firma IECSA.
Según esa presentación, el lavado de activos “se genera principalmente a partir de sostener que la organización ilícita conformada para sustraer los fondos públicos a partir de la concertación en las contrataciones perjudiciales” y “los sobreprecios pagados por el Estado en la obra pública cartelizada”. El excedente se habría utilizado para distintos fines, como el financiamiento de campañas electorales, o engrosar el patrimonio de los entonces funcionarios, pero -según la UIF- también podría haber ido a parar a las cuentas personales de los empresarios.
Pero Bonadio no lo vio de esa manera. En el oficio firmado por el juez, al que accedió Infobae, se sostiene que “los sucesos denunciados exceden el objeto de la presente investigación”.
“De momento no resulta posible establecer que las maniobras de lavado de activos denunciadas respecto de la totalidad de las personas imputadas pudieron haberse realizado como consecuencia de las actividades ilícitas investigadas en el marco de esta causa”, se sostuvo. Por eso, ordenó extraer testimonios, enviarlos a la la Cámara Federal para que sea otro juzgado el que analice el caso, sin causas conexas al caso de los cuadernos.
La causa por los cuadernos de la corrupción que nació hace un año y se conoció públicamente a comienzos de agosto con una serie de detenciones a ex funcionarios y empresarios se encuentra en camino de juicios oral.
La Cámara Federal confirmó los procesamientos de la ex presidenta Cristina Kirchner, su ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta como organizadores de una asociación ilícita, pero incluyó en esa estructura de decisiones a los “arrepentidos” José López, al financista Ernesto Clarens y al ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner.
A los empresarios, en tanto, el tribunal los quitó de la asociación ilícita y consideró que habían cometido el delito de “cohecho activo”, es decir, haber pagado coimas.
