El gobierno porteño recusará al juez Roberto Gallardo por su “manifiesta imparcialidad” luego de que el magistrado citará al ministro de Salud, Fernán Quirós, y a la ministra de Educación, Soledad Acuña, para que brinde explicaciones sobre los protocolos sanitarios que se implementarán para el reinicio del ciclo lectivo.
Desde la sede de Uspallata cuestionaron la intencionalidad política de Gallardo, quien ya dictó varios fallos en contra de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.
En la Ciudad lo consideran un juez “militante”, muy cercano al kirchnerismo, y le restan importancia a sus intervenciones, que suelen terminar revocadas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Si bien los funcionarios porteños descartan de plano la posibilidad de que el magistrado dicte una resolución que ponga en riesgo el plan para comenzar las clases presenciales el 17 de febrero, conocen el historial de Gallardo plagado de resoluciones adversas para la administración de Rodríguez Larreta.
En 2016, luego de la muerte de cinco jóvenes en la fiesta Time Warp, Gallardo prohibió “toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada” en territorio porteño.
Dos años después, el juez frenó la aplicación del reglamento para el uso de armas de fuego que había aprobado la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ante una cautelar presentada por los organismos de izquierda, el juez consideró “inaplicable” e “inconstitucional” la resolución 956/2018, que otorgaba a los policías una mayor libertad para disparar ante un “peligro inminente” en casos de delitos graves y persecuciones.
En 2019, Gallardo suspendió y bloqueó la actividad de Rappi, Pedidos Ya y Glovo, las empresas de compra online y delivery habilitadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Ese mismo año, dispuso que los usuarios del subte puedan viajar gratis en las estaciones donde no funcionaban las escaleras mecánicas ni los ascensores. El fallo terminó en la nada porque la Cámara terminó apartando al magistrado de la causa por un pedido hecho por el Gobierno porteño y las empresas Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).
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