El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó hoy que la Argentina debe lograr una reducción de unos 85 mil millones dólares en su deuda en la próxima década, con un importante esfuerzo de los bonistas.
Y, aunque no arriesgó el monto de la quita que el país debe lograr con los acreedores privados, aclaró que el Gobierno no está en condiciones de pagarles intereses por varios años.
Por otro lado, indicó que si la pandemia del coronavirus no se extiende demasiado tiempo, el país podría recuperarse a fin de este año.
Este es el mensaje central de un análisis técnico sobre la deuda argentina que el Gobierno le pidió al staff técnico del organismo multilateral.
Los objetivos son ambiciosos dado el escaso espacio fiscal y la poca disponibilidad de dólares que tiene el país, se advirtió.
“En la opinión del equipo técnico, el alivio de la deuda necesario debería reducir las necesidades de financiamiento bruto de Argentina a un promedio de alrededor del 5 por ciento del PIB, y no superior al 6 por ciento del PIB para cualquier año en el mediano y largo plazo”, afirmó el staff que dirige la subdirectora para la región, Julie Kozack.
El FMI admitió que “si bien esto está por debajo de la capacidad de sostener deuda de algunos mercados emergentes, Argentina tiene una base de exportación particularmente baja y estrecha, así como un sistema financiero interno poco profundo”.
“Asimismo, considerando la capacidad limitada de Argentina para generar divisas y sus bajos niveles actuales de reservas, el equipo técnico ve la necesidad de mantener el servicio de la deuda en moneda extranjera alrededor del 3 por ciento del PIB a mediano y largo plazo”, subrayó.
La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, afirmó que a pedido de las autoridades argentinas el personal del FMI publicó hoy una nota técnica sobre la sostenibilidad de la deuda pública de Argentina.
“Dicha nota presenta la visión de nuestro personal técnico sobre un marco macroeconómico factible y sobre la capacidad de sostener deuda de Argentina a mediano y largo plazo. Ambos elementos permiten, conjuntamente, cuantificar el alivio de deuda que se requiere, según la visión del equipo técnico, para restaurar la sostenibilidad con alta probabilidad de la deuda”, aclaró.
Georgieva elogió al Gobierno al sostener que “cuidar a las personas más vulnerables en Argentina y abordar la difícil situación económica del país han estado entre las prioridades más altas del presidente Alberto Fernández desde que asumió su cargo. Atender estos problemas se ha vuelto aún más apremiante a la luz de la pandemia del coronavirus y dado su importante impacto económico y sobre la salud pública”.
Este aporte sobre las negociaciones “está destinado a servir de guía a las partes involucradas en la compleja situación de la deuda argentina”, aclaró.
Al respecto, subrayó que “el análisis del equipo técnico muestra que, teniendo en cuenta la capacidad de servir deuda y el peso actual de la deuda del país, será necesario un alivio substancial de los acreedores privados para restablecer la sostenibilidad con alta probabilidad de la deuda”.
Por esta razón, dijo que el organismo promueve “un proceso de negociación colaborativo entre Argentina y sus acreedores privados con el objetivo de alcanzar un acuerdo que conlleve una alta participación”.
En paralelo, el staff del Fondo “seguirá cooperando estrechamente con las autoridades argentinas, y en particular con el ministro Martín Guzmán y su equipo, durante estos momentos difíciles”.
“Las autoridades han estado tomando importantes medidas para contener la propagación del coronavirus y proteger a la población de sus efectos perjudiciales”, indicó.
Una vez más, afirmó que “es importante enfatizar que nuestra prioridad es, y seguirá siendo, la de apoyar a la recuperación de Argentina y a la protección de los grupos más vulnerables”.
“En última instancia, nuestro objetivo es ayudar a sentar las bases para una economía estable y próspera que pueda crear empleos y elevar el nivel de vida en beneficio de todos los argentinos”, detalló.
Las autoridades y el staff basaron su análisis en la premisa de que la pandemia del coronavirus tendrá un efecto limitado en el tiempo y que el país podría comenzar a recuperarse a fines de este año o principios del próximo. Hasta ahora, el Gobierno no le solicitó al Fondo recibir parte de los USD 50.000 millones que el organismo ofreció a sus socios para mitigar el efecto negativo de esta enfermedad sobre la economía.
Tal como expresó en su anterior comunicado, el FMI reiteró que “la deuda pública de Argentina, que se situó cerca del 90 por ciento del PIB a fines de 2019, es insostenible”. Esta postura va en contra de varios analistas y acreedores privados, que creen que la relación que debe considerar el FMI es la deuda con los privados solamente, que es del 50% del PBI.
Es decir, según el Fondo, que “el superávit primario requerido para reducir el presente nivel de deuda pública y las actuales necesidades de financiamiento bruto hacia niveles manejables y consistentes con un crecimiento potencial satisfactorio, no es económica, ni políticamente factible”. El discurso está en sintonía con el emitido por el Gobierno, de que es imposible hacer un ajuste fiscal y que primero hay que crecer para luego pagar.
Por esta razón, el FMI indicó que “restablecer la sostenibilidad con alta probabilidad de la deuda pública requerirá de una decisiva operación de deuda, con una contribución apreciable por parte de los acreedores privados, que reduzca el nivel de deuda y las necesidades de financiamiento bruto hacia niveles consistentes con la capacidad de sostener la deuda de Argentina”.
“El alivio de la deuda necesario debería reducir las necesidades de financiamiento bruto de Argentina a un promedio de alrededor del 5 por ciento del PIB, y no superior al 6 por ciento del PIB para cualquier año en el mediano y largo plazo”, precisó.
Y aunque este nivel “está por debajo de la capacidad de sostener deuda de algunos mercados emergentes, Argentina tiene una base de exportación particularmente baja y estrecha, así como un sistema financiero interno poco profundo”. Por lo tanto, el organismo convalida el diagnóstico oficial y no pide, hasta ahora, reforma alguna para mejorar este panorama de debilidad para generar dólares.
“Asimismo, considerando la capacidad limitada de Argentina para generar divisas y sus bajos niveles actuales de reservas, el equipo técnico ve la necesidad de mantener el servicio de la deuda en moneda extranjera alrededor del 3 por ciento del PIB a mediano y largo plazo”, agregó.
Al respecto, consideró que “además de alcanzar las metas de las necesidades de financiamiento bruto y del servicio de la deuda en moneda extranjera mencionadas anteriormente, una operación de deuda debería también estabilizar con alta probabilidad el cociente de 2 deuda / PIB”.
El objetivo sería que “para 2030 haya un cierto margen en relación a los niveles de deuda a partir de los cuales se originaron las crisis de deuda en el pasado en Argentina”.
Aunque no se conoce todavía el programa económico oficial para este año, ya que el Gobierno no envió un nuevo presupuesto al Congreso, el FMI supone “una recuperación económica moderada, condicionada a que los efectos adversos de la pandemia del coronavirus se disipen hacia fines de este año, junto con un proceso gradual de desinflación y consolidación fiscal a mediano plazo”. De este modo, por ahora, no convalida el pronóstico de un default desordenado del país.
“Después de una moderada expansión fiscal para hacer frente a los efectos de la pandemia, el marco macroeconómico prevé alcanzar un superávit fiscal primario del 0,8 por ciento del PIB para 2023, aumentando a aproximadamente 1,3 por ciento en el largo plazo, consistente con el mantenimiento de superávits comerciales y una mejora de la cobertura de reservas internacionales”, afirmó la nota técnica.
Con este fin, “el equipo técnico cree que se puede desarrollar e implementar un conjunto de políticas para lograr este escenario”, que no detallan.
Al reflejar la incertidumbre en torno a las condiciones de financiamiento del país, la nota técnica consideró tres escenarios. Pero la premisa central es que “cuanto más onerosos sean los términos del este financiamiento (a mayor tasa de interés y a menor plazo los vencimientos), mayor será el alivio de la deuda necesario para cumplir los objetivos de deuda y necesidades de financiamiento bruto a mediano y largo plazo”.
En este sentido, aclaró que “dependiendo del escenario supuesto, el alivio en el servicio de la deuda en moneda extranjera necesario oscila entre U$S 55 y U$S 85 mil millones durante la próxima década”.
El escenario más bajo “supone condiciones de financiamiento más favorables para cumplir con los pagos adeudados al Fondo Monetario Internacional y a otros acreedores oficiales”, que no permiten una quita por considerarse como acreedores privilegiados.
Sin querer jugarse por una cifra determinada en la quita a los bonistas, el staff indicó que “hay muchas combinaciones de parámetros de reestructuración de la deuda, entre ellas reducciones del valor nominal, extensiones de vencimiento, períodos de gracia y recortes de las tasas de interés, que podrían proporcionar el alivio mínimo requerido” para estabilizar el pago de la deuda.
De inmediato, subrayó que “la elección de estos parámetros de reestructuración de la deuda es una cuestión a considerar por las autoridades y sus acreedores privados”.
Sin embargo, admitió que “cualquier reestructuración deberá reconocer que prácticamente no hay margen para el servicio de la deuda en moneda extranjera en el corto y mediano plazo”. Esto es, que el país no puede pagar ni siquiera intereses en el corto plazo.
Habrá que ver si esta premisa se incluye cuando el país tenga que renegociar su deuda de 44.000 millones de dólares con el propio organismo multilateral.
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