Esta semana se cumple un aniversario más de lo que sin duda podría describirse como el más grave ataque violento antisemita contra una comunidad judía fuera del Medio Oriente desde el Holocausto: el atentado de 1994 contra la principal estructura institucional de la comunidad judía argentina, el edificio de la AMIA, que causó la muerte de 85 personas y dejó heridas a más de 300.
El hecho de que ninguna persona haya sido arrestada y procesada por este horrendo acto de odio a los judíos sigue siendo una mancha tanto para el gobierno de Argentina como para la comunidad internacional.
Este aniversario adquiere mayor importancia cuando estamos viendo el resurgimiento del antisemitismo en todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos —que hasta ahora había sido considerado como un bastión de seguridad para los judíos— y toda Europa.
La propia Argentina no ha sido inmune a este aumento del antisemitismo, tanto en términos de actos perpetrados contra su comunidad judía como de ataques de odio en las redes sociales contra los judíos. Por ejemplo, el pasado mes de mayo, un edificio de la comunidad judía en Bahía Blanca fue vandalizado con grafitis que decían “Los vamos a matar” y las palabras “ratas judías” garabateadas junto a una estrella de David.
Según un análisis de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) de 2020, los mensajes en línea durante el punto crítico de la crisis del COVID-19 incluían conspiraciones antisemitas que culpaban a los judíos de la pandemia, con algunos mensajes que sugerían que “El sionismo maneja el mundo y este Gobierno está a sus pies”, y “No me extrañaría que los judíos crearan el coronavirus y ya tuvieran la vacuna”.
Si alguna vez ha habido un momento clave para que el gobierno argentino declare que se toma en serio la lucha contra el antisemitismo, el momento es ahora. Esto debe comenzar con el enjuiciamiento de la causa AMIA. Como sugieren las pruebas y la investigación de la Interpol, Irán y su sustituto, Hezbollah fueron los responsables del atentado.
Esto no debería ser una sorpresa, puesto que Irán es el principal Estado patrocinador del antisemitismo y la negación del Holocausto. De hecho, como informó recientemente la ADL, incluso el nuevo presidente electo de Irán —Ebrahim Raisi— ha contribuido a lo largo de su carrera a la difusión de malvadas teorías de conspiración antisemita. Anteriormente, Raisi fue responsable de la producción de un documental de televisión de 50 episodios sobre los “Protocolos de los Sabios de Sion”, uno de los documentos antisemitas más infames de la historia, que fue engañosamente presentado como un plan de dominación mundial por parte de los líderes judíos.
Lamentablemente, la politización y la mala gestión del atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994 comenzaron al inicio de la investigación —hace 27 años— y, para consternación de las víctimas y sus familiares, se mantuvieron tensas a lo largo de los mandatos de numerosos gobiernos. El asesinato del fiscal Alberto Nisman la noche antes de que presentara a la justicia las pruebas condenatorias del atentado, hace más de seis años, y la falta de imputabilidad por su muerte, frustraron aún más los esfuerzos por investigar y juzgar adecuadamente este caso.
Bajo el anterior gobierno de Macri, hubo señales de que Argentina estaba avanzando en la investigación de este terrible crimen. Los signos positivos incluyeron las solicitudes de un juez federal argentino de arrestar y extraditar al ex funcionario iraní Ali Akbar Velayati, que Hezbolá fuera declarada organización terrorista y que se tratara de congelar los activos de Hezbollah en la región de la triple frontera donde actúan los terroristas.
Y en el 25º aniversario del atentado, en 2019, el gobierno argentino dio el paso largamente esperado de presentar el ataque como una tragedia nacional argentina —y no solo judía— y las embajadas argentinas en todo el mundo conmemoraron el aniversario.
Aunque estas medidas son bienvenidas, no sustituyen las medidas tangibles para llevar a los responsables ante la justicia.
Ante el actual aumento del antisemitismo en el mundo, la comunidad internacional debe demostrar su seriedad a la hora de enfrentarse a todas las formas de antisemitismo. Los líderes mundiales, incluido el presidente Joe Biden, deben presionar al gobierno argentino para que garantice que la investigación sobre la AMIA se lleve a cabo sin más obstáculos.
Hace 27 años, 85 mujeres, hombres y niños argentinos fueron asesinados simplemente por estar presentes en el centro de la vida judía en Buenos Aires. Hagamos todo lo posible para dignificar su memoria, asegurándonos de que sus asesinos sean finalmente llevados ante la justicia.
*Sharon Nazarian es vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación (ADL).
SEGUIR LEYENDO:
