Sin lugar a dudas, el proyecto de ley sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) ha dado lugar a uno de los más grandes y profundos debates públicos y parlamentarios de la historia argentina.
Esa riquísima circulación de ideas tuvo lugar no solo en el recinto del Congreso Nacional, sino también en las audiencias públicas previas al tratamiento parlamentario del proyecto de ley y muy particularmente en los medios de comunicación, en las escuelas, en las universidades y en cada hogar a lo largo y a lo ancho del país. Ese intenso intercambio –a veces tenso, turbulento, álgido- reflejó el estado de conciencia que atravesaba y atraviesa a nuestra sociedad en relación al derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.
La semana pasada presentamos el libro Legalización del aborto en la Argentina, que compila una parte esencial de aquellos debates: los datos y argumentos presentados por investigadoras e investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en aquellas extensas y potentes audiencias que se desarrollaron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado durante el año 2018.
El aporte de científicas/os y académicas/os fue decisivo para lograr el año pasado la media sanción, por 129 votos a favor y 125 en contra, del proyecto de ley de IVE en la recordada sesión de la Cámara de Diputados que comenzó el 13 de junio y culminó a la mañana del día siguiente, tras una jornada tan histórica como maratónica. En la recopilación, editada por la Universidad Nacional de General Sarmiento, se publican las intervenciones de investigadoras/es provenientes de diferentes áreas -sociales, jurídicas, filosofía, biología y medicina, entre otras-. Exposiciones que valoramos muchísimo quienes vivimos el debate desde el recinto y pudimos percibir la cantidad de diputados y diputadas que, escuchando esas intervenciones, fueron encontrando argumentos que les permitieron reelaborar su postura. De hecho, tanto la multitudinaria participación del movimiento de mujeres en la calle -la inmensa y maravillosa marea verde- como el debate en el Congreso, con el aporte de las/os científicas/os, lograron orientar muchísimos votos. Sin esa contribución de la ciencia, probablemente la media sanción del proyecto de ley no hubiera sido posible.
Quiero destacar por ejemplo que, a partir de las audiencias, quedó claro que tanto las ciencias sociales como la biología brindan sólidos argumentos que permiten establecer la relación que existe para la ciencia entre el embrión y la persona, que la protección jurídica es gradual y que la mayor protección está en cabeza de las personas nacidas: las mujeres y gestantes. Continuar con el sistema jurídico vigente, que propicia los abortos clandestinos y la consecuente posibilidad de muerte materna, no solo no garantiza la posibilidad de salvar las supuestas “dos vidas”, sino que implica mantener un régimen que habilita la muerte de una persona que no hay duda que lo es, cualquiera sea la postura jurídica que se siga.
Del total de las más de 700 exposiciones de ciudadanos convocados a las audiencias, muchas han sido de investigadoras/es y de universitarias/os. Muchas/os de las/os cuales trabajan en el CONICET. La gran mayoría de estas intervenciones han sido a favor del proyecto. Y no es un dato menor que los científicos y científicas de carrera que estudian diferentes aspectos de esta temática (ya sea desde el ámbito de las ciencias jurídicas, la sociología, la biología molecular, genética, epigenética y neurociencias) se hayan manifestado con diferentes argumentos que inclinan la balanza hacia el reconocimiento del derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas. En este grupo cabe sumar al entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, que también es investigador del CONICET y mostró datos elocuentes en torno a lo que sucede en el país “desde un abordaje de la salud pública”, como se tituló su presentación. En este marco, agrupó los datos a partir de una triple perspectiva: “muertes maternas”; “hospitalizaciones por aborto” y “abortos” propiamente dichos. Al respecto, la cantidad de muertes por abortos clandestinos fue de 245 en el año 2016; las hospitalizaciones por aborto fueron 47.063 en 2014 (entre 44 mil y 53 mil egresos anuales en los últimos 5 años disponibles); en tanto no existen datos fidedignos sobre la cantidad de abortos practicados (lo cual es previsible, ya que se carece de información estadística precisa, justamente, por tratarse de una práctica clandestina).
En otras palabras, los argumentos de nuestros científicos y científicas ayudaron al convencimiento de que no estaríamos sancionando una ley inconstitucional y anticonvencional, sino todo lo contrario: no sancionar una ley como esta podría generar para el Estado una condena en el plano internacional.
En efecto, desde que recuperamos la democracia, más de 3.000 mujeres murieron por abortos inseguros y más de 40.000 se internaron en los hospitales públicos por problemas relacionados con la misma razón. Es evidente que el aborto clandestino afecta el derecho a la vida de las mujeres más vulnerables, consolida un mercado ilegal e ignora lo que ocurre cotidianamente en la realidad. El Congreso, el Estado, no pueden mirar para otro lado. Una ley integral de IVE implica un claro y sentido compromiso ético con la autonomía, la justicia social, la salud pública y los derechos humanos.
Así como fue un orgullo tener una participación activa en este debate histórico -que nos encontró del mismo lado a representantes de todos los bloques peleando por una ley que sigue siendo una deuda con la ampliación de derechos que permite la democracia-, también es una alegría que hayamos presentado un libro con las posturas de las distintas ciencias en una situación más propicia para el debate y en la cual el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, se ha manifestado a favor de la iniciativa. La reciente aprobación por parte del ministro Ginés González García del protocolo que había sido derogado por el gobierno anterior ya implica un gran paso adelante en esta dirección.
Como tuve oportunidad de expresar en el debate en la Cámara, en aquel momento no estábamos discutiendo si se iba a aprobar la iniciativa que permitiera la interrupción voluntaria del embarazo, sino cuándo se iba a convertir en ley, porque no nos cabe duda que más temprano que tarde el Congreso Nacional escuchará la necesidad de avanzar en el reconocimiento del derecho de las mujeres. Esperamos que el próximo período legislativo dé lugar a la aprobación del proyecto que legalice la IVE y coloque al Estado en condiciones de garantizar la igualdad de acceso. Estamos seguros de que la ciencia y las/os científicas/os habremos jugado un papel importante en la conquista de este histórico reclamo.
El autor es diputado nacional e investigador del CONICET
