Con el acuerdo formalizado, restan para que comience su vigencia plena dos pasos decisivos: la aprobación del Congreso y el visto bueno del directorio del Fondo Monetario Internacional. Desde ese momento iniciará el nuevo Extended Fund Facility (EFF) con el que la Argentina cubrirá los vencimientos hacia el organismo de los próximos dos años y medio. Para contar con esos desembolsos, deberá cumplir una serie de metas trimestrales en las evaluaciones que realizarán los técnicos del FMI.
Según el memorando de entendimiento enviado este viernes al Congreso por parte del Ministerio de Economía, “el programa estará monitoreado mediante revisiones trimestrales, medidas previas, criterios de ejecución cuantitativos, metas indicativas y parámetros de referencia estructurales”, afirma el documento.
El acuerdo funcionará con 10 revisiones trimestrales para distintos criterios de política económica, que incluirán el déficit primario, la asistencia monetaria desde el Banco Central al Tesoro y acumulación de reservas, entre otros puntos. El cumplimiento de estas métricas serán condicionantes para que el Gobierno pueda recibir los desembolsos del organismo.
El paper técnico estipula que el esquema de objetivos macroeconómicos diferencia dos aspectos: criterios de ejecución y metas indicativas. Para marzo y junio, las dos primeras instancias trimestrales de evaluación, las cifras tentativas fueron expuestas como criterios de ejecución mientras que las de septiembre y diciembre son metas propiamente dichas.
De acuerdo al detalle publicado en el documento girado al Congreso, hacia fines de marzo el Gobierno debería haber cumplido con las siguientes metas:
– Metas fiscales: si bien no estipula un techo para el primer mes de evaluación, la cifra que actuará como referencia de “piso” para el caso del déficit primario de la administración nacional será de $222.300 millones. Asimismo, solo permitirá un valor de 535.900 millones de pesos como deuda “flotante”, es decir pagos atrasados del ejercicio anterior. Este último número se mantiene fijo a lo largo de 2022. Como referencia, los únicos datos fiscales publicados son los de enero, que mostraron un rojo primario de casi $16.700 millones.
Habrá, además un criterio de ejecución que el acuerdo considera “continuo”, y que no tiene cambios a lo largo de los cuatro trimestres: la no acumulación de atrasos de pagos de deuda externa por parte del gobierno. En este aspecto, la tolerancia será cero en el programa financiero acordado este jueves.
El acuerdo funcionará con 10 revisiones trimestrales para distintos criterios de política económica, que incluirán el déficit primario, la asistencia monetaria desde el Banco Central al Tesoro y acumulación de reservas, entre otros puntos
Luego habrá metas indicativas para dos aspectos: recaudación y gasto social. En el primer aspecto, el Gobierno debería tener un ingreso real 2,417 billones de pesos entre los primeros tres meses del año. Además, habrá erogaciones en programas de asistencia social que tendrán un cupo mínimo de casi $152.000 millones. Según la definición acordada, estarán incluidas la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, y Ayuda Escolar Anual, la Tarjeta Alimentar y el plan Progresar.
– Metas monetarias: habrá dos criterios de ejecución y una meta cuantitativa. En el primer grupo se listan el piso de variación reservas internacionales netas del Banco Central y el tope del financiamiento monetario desde la autoridad monetaria hacia el Tesoro. Hacia finales de marzo, las reservas deberían haber aumentado USD 1.200 millones en forma neta, mientras que la monetización del déficit tendrá como techo una suma de $236.800 millones. La última meta que deberá cumplir el BCRA es la de la intervención en el mercado de futuros, en el que habrá un tope de USD 6.000 millones como saldo.
La primera revisión será en junio, tres meses después de aprobado -eventualmente- el programa en el Congreso y en el directorio del FMI. En esa instancia, el déficit primario debería ser cercano a $566.800 millones, los ingresos del Estado acumulados de 4,7 billones de pesos, un gasto social que sea como mínimo de $318.000 millones, las reservas deberían haberse incrementado 4.100 millones de dólares en forma neta y la monetización del déficit no podrá superar los $438.000 millones.
Hacia septiembre, las metas indicativas hacia los $912.000 millones de desequilibrio fiscal primario, 6,9 billones de pesos de ingresos fiscales, $494.000 millones destinados a gasto social, USD 4.400 millones acumulados en el BCRA y $613.000 millones de emisión monetaria para financiar al Tesoro. Por último, en diciembre el déficit primario redonderá los 1,758 billones de pesos (2,5% del PBI), 8,9 billones de recaudación, $707.000 millones para programas de asistencia, USD 5.800 millones de colchón de divisas acumulado y $705.000 millones de asistencia monetaria al Tesoro.
La cifra que actuará como referencia de “piso” para el caso del déficit primario de la administración nacional será de $222.300 millones. Hacia finales de marzo, además, las reservas deberían haber aumentado USD 1.200 millones en forma neta
Por otra parte, el Gobierno se comprometió ante el FMI a consultar al staff técnico del organismo antes de implementar cualquier medida que pueda entorpecer el cumplimiento del acuerdo y que modifique de alguna manera los lineamientos del programa.
“Estamos seguros de que nuestras políticas son las adecuadas para alcanzar los objetivos del programa y estamos listos para tomar las medidas adicionales que sean necesarias para tales fines. Consultaremos con el FMI sobre la adopción de estas medidas y en forma previa a cualquier revisión a las medidas contenidas en este Memorando, y evitaremos cualquier política que no sea consistente con los objetivos del programa y nuestros compromisos en el contexto de este”, mencionó el Ministerio de Economía.
Asimismo, también aseguró que cualquier excedente a la recaudación programada será utilizada para cumplir con la meta fiscal. “Nos comprometemos a aprovechar esta oportunidad para reducir debidamente el déficit fiscal según corresponda, o para asegurar que nuestro escenario base de meta fiscal se cumpla en el evento de que ocurra un shock externo adverso, y de esta manera reflejar nuestro compromiso respecto a las políticas de estabilización macroeconómicas”, asegura el memorando.
Habrá un flujo de información constante entre los funcionarios del Gobierno y el FMI. Incluso el acuerdo prevé que algunos datos deberán ser enviados a Washington con ritmo diario. Entre esos datos están las cotizaciones del dólar, el total emitido por el BCRA, depósitos de instituciones financieras en el BCRA; asistencia de liquidez a los bancos, tasas de interés de depósitos a siete días, posiciones en moneda extranjera de los bancos y la actividad del BCRA en el mercado de dólar futuro.
“Consultaremos con el FMI sobre la adopción de estas medidas y en forma previa a cualquier revisión a las medidas contenidas en este Memorando, y evitaremos cualquier política que no sea consistente con los objetivos del programa” (Memorando de Entendimiento)
Otros tendrán frecuencia semanal: ventas y compras de títulos-valores liquidados en diferentes monedas, registrados y proporcionados por la Comisión Nacional de Valores, incluidas negociaciones del BCRA. “Esta información será transmitida por el BCRA e incluirá un reporte de la estimación diaria de saldos totales y tipo de cambio implícito de los valores más representativos negociados en las modalidades y operaciones CCL y MEP”, dice el memorando.
También habrá datos quincenales como tasas de interés de bonos locales, mensuales como ingresos y gastos del sector público, servcios y saldos de deuda, reservas del sector bancario, depósitos, y semestrales como el gasto de la Casa Rosada al sistema previsional provincial y pagos de atrasos a fallos del tribunal del CIADI, perteneciente al Banco Mundial, además de datos de deuda de las provincias.
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