Cristina Fernández de Kirchner decidió ir a fondo en su escalada contra la Corte Suprema, pero su ofensiva está lejos de ser una batalla jurídica. Formalmente, reclama un aval para que el Senado sesione de manera virtual, pedido que de hecho se proyecta en contra de un presupuesto político básico. Resulta llamativo que ponga en discusión algo que cada poder del Estado se reserva para sí mismo, es decir, una real prerrogativa: en este caso, definir una cuestión de funcionamiento. La vicepresidenta habría elegido este tema para mostrar que su peso político no ha sido diluido en medio de la pandemia. Discute centralidad, no protagonismo, aún a riesgo de alterar el eje oficial.
En medio políticos y judiciales circula la versión –en algunos casos con datos y en otros como especulación- de que la Corte desestimaría el pedido hecho por CFK como titular del Senado. Ya hubo intercambio de opiniones entre los integrantes del principal tribunal, apenas conocido el escrito y habilitado el camino para tratarlo por parte de Carlos Rosenkrantz. Dos de los jueces, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, hablaron desde la provincia de Santa Fe. Estaría en discusión si se desestima la solicitud sin vueltas o dejando dicho de manera explícita que se trata de un tema propio de los legisladores. Tal vez, esa sería una manera de evitar eventuales reclamos posteriores.
El rechazo del procurador Eduardo Casal alcanzó para generar las primeras cargas del entorno de la vicepresidenta. Hubo un nuevo pedido a la Corte, esta vez del bloque de senadores oficialistas, para mostrar alineamiento sin fisuras, y ayer una verdadera ofensiva por Twitter con algunas líneas más bien amenazantes. La seguidilla estuvo a cargo de Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado y firmante del primer pedido, y fue potenciada por la recomendación de lectura y el apoyo que hizo la ex presidente.
Un párrafo, en esa veintena de tuits, desborda el tono épico pretendido y plantea que la Justicia debería decidir si los argentinos “vamos a escribir la historia con sangre o con razones”. La argumentación contra Casal y las advertencias a la Corte giran de hecho en torno de si hay fundamentos –histórico-jurídicos- para tratar un tema como el planteado por la vicepresidenta. Y sostiene que la oposición a hacerlo sería o ya es una muestra de convergencia de intereses de poderosos grupos económicos para frenar el proyecto de impuesto a las grandes fortunas que se debería arrancar en Diputados.
La frase, el volumen que ha ido tomando la escalada, corre el eje del punto en materia jurídica, también cuestionable, y el juego de poderes del Estado. Alberto Fernández había dicho que la parecía oportuno el pedido de CFK a la Corte para que avale la mecánica de las sesiones virtuales. Y destacó la necesidad de que sean aprobadas algunas leyes, básicamente en materia impositiva. No es un tema menor para Olivos, en medio de demandas sectoriales, de medidas de contención social y de un panorama muy complejo también para las finanzas de provincias y municipios.
No parece que el Presidente tenga la misma reacción medida y se sienta políticamente cómodo frente al tono bélico y el sentido –también en clave doméstica- que se le terminó de imprimir a la cuestión desde el principal despacho del Senado: todo pasó rápidamente de solicitud a la Justicia con sentido político a batalla abierta, con mensajes repetidos sobre conspiraciones mediático-judiciales en connivencia con grupos económicos.
Asoma clara una “construcción del enemigo”, pero también que cada gesto de esa dimensión no es ajeno a la vida interna del oficialismo. Un armado político que contiene a sectores diversos, y que plantea la convivencia entre el Presidente y la vice como un tema en sí mismo. La afirmación de poder presidencial en medio del desafío del coronavirus es un dato. El dominio de la ex presidente en el Congreso es otro. El cuadro, por supuesto, expone matices.
La supuesta amenaza judicial al proyecto de impuesto a los grandes patrimonios, con sello de la ex presidente, es un argumento pobre pero presentado en primera línea. Sería la expresión de la disputa con los poderes antipopulares. Lo resumen así: sin aval de la Corte a las sesiones virtuales, podrían llover demandas para frenar la ley una vez sancionada y promulgada.
Hay por lo menos dos presupuestos en esa jugada. Uno, disparatado: supone que eventuales presentaciones ante la Justicia dependerían de la modalidad de las sesiones –por videoconferencia, según la intención oficialista- , cuando es sabido que los recursos para cuestionar leyes pueden y suelen apuntar a la inconstitucionalidad por el contenido y no por el trámite parlamentario. Otro punto, también central: el modo de funcionamiento –virtual o presencial- es una cuestión que está en la órbita de decisiones de cada Cámara. Hace a su potestad y a su naturaleza política. Lo ha señalado incluso Raúl Zaffaroni.
Allí hay también una pulseada con la oposición. Desde Juntos por el Cambio vienen reclamando que, con resguardos sanitarios, se tomen decisiones para volver a sesionar y para hacerlo de manera presencial. Los temas en discusión –tributarios- imponen el tratamiento legislativo. Los diputados de JxC lo han reiterado en respuesta a la propuesta de Sergio Massa. En el Senado, no hay conversaciones formales. En cualquier caso, haría falta alguna forma de acuerdo para no desvirtuar políticamente el tratamiento de leyes antes aún de discutir su articulado y sentido. CFK, entre tanto, juega sus propias peleas.
