Más de 30 mil personas deben realizarse diálisis en medio de la cuarentena (Shutterstock)
Más de 30 mil personas deben realizarse diálisis en medio de la cuarentena (Shutterstock)

En la Argentina hay más de 30.000 personas con insuficiencia renal crónica que deben salir del aislamiento social obligatorio para recibir tratamiento de diálisis tres veces por semana en 470 centros en todo el país. Se trata de una población que ya está en una situación de vulnerabilidad que se agravó aún más con la pandemia de COVID-19.

En medio de esta dramática circunstancia, el Estado nacional no ha cancelado una deuda que tiene con los centros de diálisis desde hace 10 meses. Este panorama se torna más complicado aún porque las autoridades tampoco han actualizado los valores que pagan por cada prestación. Uno de los principales deudores del sector es el programa Incluir Salud.

“El arribo de la crisis del COVID-19 nos encuentra en una situación de absoluto desfinanciamiento producto de la abultada deuda que principalmente el programa ‘Incluir Salud’ tiene con todos los prestadores, que en algunos casos llega a 12 meses de prestación, y ello sumado a los extensos plazos de pago de otros financiadores”, dice una nota que las asociaciones que nuclean a los centros de diálisis presentaron ante el gobierno nacional.

Según pudo saber Infobae, el 17 de febrero de este año los prestadores le acercaron una nota al Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en la que le hacían saber la situación de los pacientes con insuficiencia renal y la necesidad de cancelar al menos parte de la deuda para garantizar la continuidad de los tratamientos. Como no obtuvieron respuesta, el 18 de marzo le enviaron una carta de similar tenor al presidente Alberto Fernández.

Desde el sector advierten que, como consecuencia de la falta de pagos y el retraso en el valor de las prestaciones, la situación actual es desesperante en todo el país. El impacto se siente con preponderancia en la provincia de Buenos Aires donde está el 45 por ciento de los pacientes que necesitan diálisis. También se ven severamente afectadas las provincias del norte del país. Esta crisis encuentra a los centros de diálisis al límite de su capacidad, con deudas de todo tipo, que ponen en riesgo la continuidad de los tratamientos.

A esto se suma el atraso de los valores fijados unilateralmente por los financiadores, depreciados por efecto de la devaluación y la inflación, lo que hace que las prestaciones sean insostenibles en el actual marco de emergencia. La llegada de COVID-19 obligó a los centros a tomar medidas adicionales para preservar la vida de los pacientes y del personal de salud, como la contratación de más enfermeros para cubrir ausentismos y licencias, la adecuación de espacios para aislamiento, el traslado exclusivo de pacientes potencialmente infectados, y la compra de insumos de protección.

Infobae dialogó con el doctor Alfredo Casaliba, presidente de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.

-¿Cómo es la actual situación de quienes atienden a los enfermos renales?

– El sector de diálisis en general está en una crisis económica muy importante que viene del año 2019 como consecuencia de la falta de pago de prestaciones que se le hicieron a Incluir Salud, un programa de la Nación que abarca a 5.000 pacientes en el país, 2.000 de ellos en la provincia de Buenos Aires. En lo que hace a la Asociación de Diálisis de Buenos Aires ha pagado la mitad del mes de julio de 2019 a valor de principios de ese año, es decir, completamente desactualizado. A esto se suma que otros financiadores que han corregido valores lo han hecho por debajo del valor que la prestación tiene porque ha habido un enorme aumento producto de la inflación y la desvalorización del peso. El precio de nuestros insumos ha crecido de manera semejante al dólar; han quedado retrasados todos los valores de las prestaciones. Los plazos de pago son normalmente largos, de 60 a 90 días, los que pagan. Esto hace que el sector en su conjunto esté muy amenazado desde el punto de su viabilidad para dar las prestaciones.

– ¿Cómo impacta en estos pacientes la emergencia por coronavirus?

– La pandemia es un problema adicional enorme. Los pacientes dializados son pacientes con enfermedades previas. Todos son inmunodeprimidos en un grado que varía de acuerdo a una serie de factores: edad, la causa de base, la desnutrición, etcétera. Son pacientes vulnerables, que se van a enfrentar al coronavirus. Para evitar que los pacientes y el personal se contagien hay que poner en marcha una serie de medidas organizadas, sistemáticas y muy estrictas para que no ocurran eventos desagradables. Es decir, infecciones en el núcleo de los centros de diálisis entre pacientes y el personal sanitario, que es altamente calificado y escaso. Hemos puesto en marcha una serie de medidas extraordinarias.

Alfredo Casaliba, presidente de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires
Alfredo Casaliba, presidente de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires

– ¿Cómo debe hacerse el traslado de los pacientes a los centros de diálisis?

– Estos pacientes se ven obligados a romper la cuarentena tres veces por semana, no tienen opción. En otros países se hace hemodiálisis domiciliaria pero para eso es necesario tener instalado en el domicilio de cada paciente no solamente el puesto de diálisis sino un tratamiento del agua. En países con mayor poder adquisitivo, hay hemodiálisis domiciliaria. Nuestro país no tiene esa realidad; para la inmensa mayoría de los pacientes la solución es ir a su centro de diálisis. Para trasladarse, el paciente no puede viajar en vehículos públicos. Tiene que ir con barbijo, no puede ingerir nada, ni antes ni durante la diálisis. No debe tocar nada, ni celular, ni diarios, ni revistas, ni las manijas del auto en el que se traslade. Tiene que disminuir al mínimo la posibilidad de contacto con superficies potencialmente infectantes. Una vez que llega al centro de diálisis se le toma la temperatura, se le pregunta si tuvo algún síntoma y se lo ubica en la sala de espera separado varios metros de los otros pacientes. El personal que lo asiste está ataviado con barbijo, camisolín impermeable, guantes, antiparras, cofia y botas. Para el personal sanitario la prevención tiene que ser muy estricta para evitar contagios y pérdida de personal. Todo esto implica mucho más tiempo: se alarga la jornada laboral, se utiliza una enorme cantidad de elementos de protección -tanto personal como desinfectantes-, las superficies deben limpiarse en forma permanente, de manera tal que se complejiza la actividad. Es una comunidad cerrada que tiene huecos por donde se puede filtrar el contagio, porque esos pacientes al terminar su turno se van, se higieniza todo, y entran otros pacientes que también rompieron la cuarentena para venir al centro.

– ¿Está garantizada la atención de estos pacientes más allá de los retrasos en los pagos?

– La situación de los centros de diálisis es desesperante. Se necesita que el Estado y los financiadores salden las deudas y actualicen los valores de las prestaciones porque los gastos que hay que hacer ahora para sostener la prestación en las condiciones que deben ser dadas son enormes. Los centros apenas pueden con los gastos que tienen en una época sin coronavirus. Para financiar todo esto hace falta dinero, si no se saldan las deudas, si no se actualizan los valores, no se prioriza esta necesidad que tiene todo el sector de diálisis del país -particularmente la provincia de Buenos Aires- va a ser imposible continuar con los tratamientos. Si la situación del coronavirus se agrava los centros de diálisis no van a poder hacer absolutamente nada. No se podrá financiar los tratamientos de los pacientes nuevos que van a surgir como una complicación de infecciones por coronavirus.

– ¿Quién financia los tratamientos? ¿Sólo el Estado nacional?

– Los financiadores son el Estado nacional, estados provinciales, sindicatos, prepagas. Pero esto es una circunstancia excepcional y así como está haciendo un esfuerzo económico para apoyar a otras poblaciones con dificultades, el Estado debería hacer el esfuerzo: acá estamos trabajando, estamos atendiendo, pero no nos están pagando.

-¿A cuánto asciende la deuda?

– La deuda, sólo del programa Incluir Salud, es de 700 millones de pesos en todo el país. ¿Cuánto debieran pagar la prestación para que los centros puedan comprar todo lo que tienen que comprar y tener un stock razonable? Porque los barbijos quirúrgicos que valían $ 4,70 hace un tiempito ahora están a $ 70 más IVA. Se suma que en este momento tenemos que usar más insumos. Médicos, mucamas, enfermeros, técnicos, todos tienen que estar con barbijos. Y no es lo único: ahora tienen que usar guantes, camisolines, cofias, antiparras. Hay mucho gasto adicional y de insumos cuyo precio ha variado de manera exorbitante. Entonces, hoy una diálisis el Estado debería remunerarla en cerca de $ 9.000. Esto permitiría hacer todo lo que hay que hacer.

– ¿Y cuánto está pagando?

– Incluir Salud, cuando paga, son $ 3.700 y PAMI está cerca de los $ 5.000. Con todos los gastos que ya estamos teniendo porque no podemos darnos el lujo de esperar a que nos paguen para empezar, porque la situación se pondría caótica, la cantidad necesaria es muchísima y estamos realmente desesperados.

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Fuente: Infobae

Categorías: Noticias

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