La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, presentó este miércoles una moción de orden del día para exhortar a la presidenta Dina Boluarte que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicite al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, la emisión de una orden de detención contra el dictador venezolano Nicolás Maduro por los crímenes de lesa humanidad.
“Los peruanos no podemos permanecer indiferentes ante la grave situación que enfrentan nuestros hermanos venezolanos. Es momento de que el Perú actúe con determinación en defensa de la justicia y los derechos humanos. No podemos guardar silencio ante tanta barbarie”, anotó la legisladora en su cuenta de X, antes Twitter, donde compartió el documento.
El texto señala que la jefa de Estado y la Cancillería deben “condenar enérgicamente las irregularidades y la violencia ocurrida durante el proceso electoral en Venezuela y tomar una posición firme en defensa de la democracia y los derechos humanos, instando a la comunidad internacional a actuar para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”.
Recordó, además, que Perú fue el primer país del mundo en reconocer de manera pública al abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González, como presidente electo de Venezuela ante la denuncia del fraude electoral. “Aunque las leyes venezolanas establecen que la totalización de las actas de votación debe cumplirse en las 48 horas posteriores al cierre de la elección, este segundo boletín fue publicado cinco días después de las votaciones”, señaló.
También resaltó que, de acuerdo con el Centro Carter, el Consejo Nacional Electoral, dominado por el chavismo, no es una autoridad imparcial en el proceso y que las elecciones no cumplieron con las normas internacionales de transparencia e integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y han infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional.
Chirinos mencionó que el régimen de Maduro ha iniciado “una represión feroz contra quienes protestan para hacer valer su voto”, lo que ha provocado decenas de muertos, centenares de heridos y miles de detenidos. En las últimas semanas, más de 300 personas están detenidas por motivos políticos, y desde 2014 se han registrado más de 15,700 detenciones arbitrarias. Además, las protestas contra la dictadura ya han dejado al menos 11 muertos y decenas de heridos. Todo ello se suma a los más de 7.3 millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país en busca de refugio debido a la crisis política, económica y social.
“Estas cifras reflejan la gravedad de la situación y la urgencia de que la comunidad internacional, incluida la Corte Penal Internacional, actúe decisivamente para poner fin a los evidentes crímenes cometidos. El sufrimiento del pueblo venezolano ha sido documentado extensamente y ha sido motivo de preocupación internacional”, reseñó al añadir que le corresponde al Congreso tomar posición y contribuir, desde la cristalización de los intereses nacionales, “con la política exterior en los términos que la Constitución y las leyes mandan”.
En noviembre de 2021, Venezuela devino en el primer país de América Latina en el que la CPI abrió una investigación formal, luego de que el fiscal Khan anunciara la apertura de un caso por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017. Durante ese año se registraron violentas protestas en las que miles de personas salieron a las calles debido a la escasez de alimentos y medicinas, la inflación y la inseguridad. En marzo pasado, se desestimó un recurso de apelación que exigía detener el avance de las investigaciones.
Boluarte, en tanto, ha sido denunciada dos veces ante la CPI por la represión de las fuerzas del orden durante las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023. Exministros y organizaciones de derechos humanos implican a las autoridades peruanas en la muerte de 49 personas y más de 344 heridos.
