“Como mínimo, es muy llamativo. No hay antecedentes de este tipo en decisiones de la Corte“. “Si querés pensar mal, es una injerencia en un tema electoral. Evitaron que Cristina Kirchner se siente en el banquillo de los acusados en la campaña“. Entre estas posturas fluctúan las impresiones que provocó en la mesa judicial del Gobierno la decisión de la Corte Suprema de pedir el expediente que investiga irregularidades en la concesión de la obra pública en Santa Cruz, un caso que ya había sido elevado y cuyo debate oral iba a comenzar la semana que viene con Cristina Kirchner como principal acusada.
El denominador común es la “sorpresa“. En Casa Rosada no esperaban esta decisión de la Corte que – analizan- “si bien técnicamente no debería tener un efecto suspensivo, en la práctica implica que se postergue el inicio del juicio por varios meses“.
En esa línea, se esperanzan que “el Tribunal Oral Federal -si quisiera- podría enviar fotocopias de la causa y comenzar el proceso”, mientras la Corte analiza los recursos de las defensas de los acusados que fueron rechazados en Casación. Lo cierto es que el Máximo Tribunal pidió ver el expediente pero no resolvió aún los recursos de queja de las defensas, que sí tendría un efecto suspensivo.
Entre los que manejan los temas judiciales en la Casa Rosada, se quejan de que la decisión haya quedado plasmada en solo “una línea y media” que tiene la resolución conocida ayer. “No querían decir nada y minimizar el impacto. Trataron de vendérsela a los dos lados. A los kirchneristas, el mensaje fue que frenaron el juicio. A los que alentamos que los procesos por corrupción avancen, que así se evitan futuras nulidades“, sostiene una alta fuente del Ejecutivo que no oculta su malestar. Y agrega: “Creyeron que con un costo relativamente bajo, podrían ganar un crédito alto”. La lectura es que la decisión de los cortesanos está en línea con la posibilidad de que la ex presidenta vuelva al poder.
En debate giro en torno a la intervención de la Corte en esta instancia, antes del juicio oral, algo “muy inusual”. Así lo calificó el ministro Germán Garavano en diálogo con Infobae, quien se manifestó preocupado por la demora que podría implicar en llevar adelante el juicio oral de la primera causa por corrupción que enfrentará la ex presidenta.
En opinión de una de las espadas jurídicas de Cambiemos, la Corte no debería haber intervenido en esta instancia y recuerda solo un antecedente: cuando el Máximo Tribunal pidió la causa de los sobresueldos durante el gobierno de Carlos Menem, pero fue después del sentencia en primera instancia.
Por lo pronto, tanto la Oficina Anticorrupción como la Unidad de Información Financiera (UIF) -que son querellantes en el juicio- presentaron esta mañana temprano dos escritos ante el Tribunal Oral Federal (TOF)2 para pedir que no se postergue el inicio de las audiencias. “Frente al requerimiento de remisión de la causa principal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con motivo de recursos de queja planteados por las defensas por apelaciones extraordinarias denegadas, esta querella acude a solicitar que se adopten los recaudos necesarios para que la remisión al Máximo Tribunal no comprometa el inicio del debate oral y público, tantas veces postergado, previsto para la semana entrante”, puede leerse en el escrito del organismo que dirige Laura Alonso.
“La solicitud encuentra fundamento, en primer término, en el principio procesal que señala que las cuestiones incidentales no deben paralizar el trámite de la causa principal, tanto más si se atiende a la naturaleza de las cuestiones planteadas, que giran en torno a agravios relativos a la admisión o rechazo de prueba para el debate, cuestión que en principio resulta discrecional del tribunal”, se argumenta.
El fiscal Diego Luciani, a su vez, también acaba de hacer una presentación ante el Tribunal pidiendo que el próximo martes de le inicio al juicio. El pedido del Máximo Tribunal fue en carácter urgente, por lo que el presidente del TOF 2, Jorge Gorini, resolvería en el transcurso de hoy.
