La norma, que fue sancionada en 2008, establece los lineamientos de organización territorial del distrito y de ella deben desprenderse los códigos urbanísticos y de planeamiento (REUTERS/Agustín Marcarián)
La norma, que fue sancionada en 2008, establece los lineamientos de organización territorial del distrito y de ella deben desprenderse los códigos urbanísticos y de planeamiento (REUTERS/Agustín Marcarián) (AGUSTIN MARCARIAN/)

El gobierno porteño comenzó con el proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA) de la ciudad de Buenos Aires. Los ejes sobre los cuales se trabajará para elaborar el proyecto incluirán los efectos del cambio climático, la equidad y el género, la gobernanza y la digitalización. Todos estos aspectos estarán atravesados por la visión de la antropología urbana así como también por el carácter metropolitano que tiene la capital de la Argentina.

La norma, que fue sancionada en 2008, establece los lineamientos de organización territorial del distrito y de ella deben desprenderse los códigos urbanísticos y de planeamiento. El proceso de debate, abierto y participativo, demandará un año y medio aproximadamente, según las autoridades porteñas, y se dará en medio del cambio de paradigma ante la pandemia de Covid-19 que tiene confinado a medio planeta.

“El proceso de actualización empezó formalmente hace un mes cuando hicimos la presentación en la Legislatura. Afortunadamente muchas cosas de las que establece el PUA se han ido cumpliendo y hay discusiones que ya están saldadas. La idea, además de que el propio mandato exige una actualización, es mirar hacia un horizonte cercano y hacia el futuro”, explicó a Infobae Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano porteño.

Un ejemplo es la movilidad. En el PUA, figura la intención de contar con boleto único metropolitano o el desarrollo de ciclovías o líneas de colectivos por carriles exclusivos, como el Metrobus. Hoy sería necesario pensar en la eventual electrificación vehicular, la posibilidad de los autos autónomos, la potencialidad que pueden generar nuevas centralidades para que los vecinos accedan a servicios en un cuarto de hora.

El funcionario aseguró que las actualizaciones que se proyecten deben tener carácter metropolitano, es decir que comprendan el contexto de lo que hoy se denomina Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), que comprende a la Capital y a unos 40 municipios cercanos de la provincia de Buenos Aires, en su mayoría de lo que se conoce como conurbano. “El llamado va a ser mucho más enriquecedor, tenemos que incluir a todos los sectores a la mesa. La descentralización y lo metropolitano se van a discutir para ver qué ciudad nos da, y no al revés que es llevar la idea y tratar de concretarla. Tenemos que evitar que se cuelen las discusiones partidarias”, advirtió.

Según la legislación, el PUA debería actualizarse cada cinco años. Sin embargo, tuvieron que pasar 12 para poder poner en marcha el debate. “Tenemos que actualizarlo porque, por ejemplo, en 2008 no existía en la normativa como sucede hoy la perspectiva de género o el cambio climático para definir necesidades y objetivos. Conseguir una ciudad más equitativa con integración socio urbana debe ser un objetivo incluido en el plan urbano ambiental”, explicó Gabriel Lanfranchi, coordinador del PUA, a Infobae.

El plan tendrá debates en dos dimensiones: en las 15 comunas y el área metropolitana. “Trabajaremos con comuneros, juntas vecinales y comisiones. Habrá también encuestas y la idea es que el plan y la acción en el mismo tiempo, es decir, poner a trabajar a los vecinos en proyectos concretos que permitan que se genera cierta sinergia porque van a estar trabajando alrededor de un tema que les cambia la vida cotidiana. La idea es llegar para fines del año que viene con las propuestas y el diagnóstico para las comunas”, explicó Lanfranchi.

“En el aspecto metropolitano la idea es trabajar en conjunto con la Legislatura para que no llegue el proyecto y el debate se prolongue por años. Trabajaremos con la Comisión de planeamiento y de asuntos interjurisdiccionales para convocar a las legislaturas y áreas de poderes ejecutivos de los municipios bonaerense. Entre los temas en agenda previstos para debatir este año se encuentran transporte, residuos y cuencas hídricas. Es una oportunidad única. El desafío es trabajar en un proyecto muy ambicioso en el marco de una pandemia. Todos los mecanismos de participación pueden marcar una forma de trabajo que no se vio. Nos desafía como gobierno pero también a los vecinos y a la oposición a ver cómo se construye entre todos”, agregó el funcionario.

Polémica por la conformación de un organismo

Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, celebró que se abra el debate, aunque con algunas críticas: “Necesitamos que la ciudad empiece a estar planificada para el interés general y no como actualmente que está planificada desde y por la especulación inmobiliaria. Actualmente no hay un sentido común, un sentido popular ni un sentido de interés general en cómo se planifica la ciudad, sino que prepondera el extractivismo urbano. Para eso un verdadero PUA es clave y que el Consejo esté integrado de forma proporcional a todas las fuerzas políticas, que sea transparente”.

Viale se refiere a la conformación del Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA), un organismo integrado por 21 representantes, entre los cuales hay miembros del Poder Ejecutivo local, técnicos y representantes de la Legislatura. La función de este órgano es coordinar y asesorar sobre los lineamientos del PUA y también opinar y decidir sobre la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sobre las eventuales excepciones.

Aunque es el Poder Ejecutivo local el que termina definiendo sobre las excepciones al código, necesita un dictamen de mayoría del COPUA y es por eso que la conformación de ese órgano no es un detalle menor.

Desde que se sancionó el nuevo código de planeamiento, hace poco más de un año, se aprobaron un millar de excepciones; sólo durante la pandemia se habilitaron 700 obras. Entre los pedidos más reiterados está la ampliación constructiva.

En la última sesión la Legislatura aprobó la nueva conformación de ese organismo y el Frente de Todos denunció que, entre los representantes legislativos, no se respetó la proporcionalidad de los bloques y no incorporaron a ningún representante de esa fuerza. La diputada María Rosa Muiños (FdT) insistió: “No estamos solicitando que Larreta nombre a un ministro de nuestra fuerza, sino que se cambie una evidente decisión política. Sabemos que la proporcionalidad no está mencionada [en la ley que establece la conformación del COPUA] pero nuestro planteo es que el espíritu de la norma busca una representación proporcional. Claramente nos sentimos excluidos y vamos a proponer que se modifique la normativa para que no pueda ser sujeto a interpretaciones de cada composición de la Legislatura. Sería mucho más democrático y saludable que así fuera y más, teniendo en cuenta la cantidad de miembros de la que estamos hablando”.

Jonatan Baldiviezo, del Observatorio el Derecho a la Ciudad, dijo en un artículo publicado en El Cohete a la Luna: “La ley de PUA no es una ley más, es la norma más importante de la Ciudad luego de la Constitución. Toda normativa urbanística y las obras públicas deben ajustarse a esta ley marco. Hasta ahora no hay atisbos de autocrítica gubernamental por estos doce años de gestión que constituyen el peor gobierno de la Ciudad en su historia democrática. La emergencia habitacional, ambiental, de los servicios públicos y alimentaria es real. Para empezar, sería conveniente finalizar con la postura negacionista”.

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Fuente: Infobae

Categorías: Noticias

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