Lo habitual es que las constituciones sean tema nacional de cada país, y solo excepcionalmente otros países deben preocuparse de lo que se redacta en el vecino. Sin embargo, es este segundo escenario el que debe convocar a la República Argentina, ya que lo que está surgiendo de la Convención Constitucional chilena le va a repercutir internamente.
Se trata de lo que tiene que ver con el tema indígena, y concretamente, con las repercusiones que podría tener en la minoría mapuche, ya que ambas naciones comparten por historia y actualidad, el tema del Wallmapu. Falta todavía, ya que lo que existe en Chile es una Convención que debe redactar una propuesta de constitución, a ser plebiscitada, formada por 155 constituyentes, incluyendo 17 escaños reservados para pueblos originarios.
En algunos meses, el 4 de julio de 2022 vence el año de plazo, y probablemente en septiembre debiera realizarse el plebiscito de salida, donde los votantes chilenos deben aprobar o rechazar. Sin embargo, el proyecto que está emergiendo no deja dudas en lo relacionado con pueblos indígenas.
En primer lugar, existe una aceptación del llamado pluralismo jurídico, donde coexiste en igualdad de condiciones un sistema nacional de Justicia con aquellos propios de las once naciones que integrarían el Estado Plurinacional, y donde el concepto va mucho más allá de las jurisdicciones acotadas de otros países para ponerlos en igualdad de condiciones con el nacional.
Mas allá del hecho de que en Bolivia el mundo indígena representa el 62% de la población y en Chile solo el 12%, supera lo que hizo Evo Morales, toda vez que allá existe en la Ley una determinación de los delitos para la jurisdicción indígena, mientras que nada similar existe todavía en Chile donde no se conoce en que delitos se aplicará, por lo que se transforma en los hechos en una de las primeras constituciones posmodernas, toda vez que es la identidad más que la ciudadanía lo que va a definir derechos y quien juzga a quien a través del reconocimiento de los distintos sistemas jurídicos indígenas, situación que podría llevar a romper la unidad de jurisdicción del Estado..
Lo ya aprobado va mucho más allá del reconocimiento constitucional al ingresar del todo por el camino identitario en una constitución con derechos diferenciados para los indígenas, no solo individuales, sino también colectivos, y les asegura representación en la estructura del Estado, incluyendo la Justicia, Banco Central, y en los órganos de elección popular, sea local, regional o nacional, es decir, los artículos del proyecto conceden autogobierno al 12% indígena, con derecho a escaños reservados en los cuerpos elegidos desde municipalidades a Congreso.
Al no quedar plasmada una unidad o interés nacional, al sumarse la autonomía territorial con la autodeterminación, se pueda dar una dinámica de poder que aliente e impulse el separatismo, es decir, efectos mas bien propios de guerras internas o internacionales, que de un texto constitucional.
No corresponde a las autonomías de España, toda vez que esa realidad es propia de nacionalidades como vascos o catalanes. En Chile serían naciones a las que se atribuya una calidad preexistente, aunque también hubo en algunos casos, tránsito desde otras tierras, sea Alaska o la actual Argentina, o también desplazamiento de otros pueblos al llegar a su actual ubicación.
Lo que existe para estas nuevas unidades territoriales es el deber de garantizar la participación vinculante, la que perfectamente podría prevalecer por sobre las instancias nacionales en los temas de interés étnico, con lo que podría llegarse a una fragmentación institucional, lo que va mucho más allá de la consulta establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de amplia presencia en América Latina, pero que no ha sido ratificada por países de reconocido éxito en la temática indígena, como Canadá y Nueva Zelanda.
El interés de Argentina debiera darse porque ambos países comparten el tema del Wallmapu, es decir, un proyecto que en algunos sectores es separatista, de Este a Oeste que abarca territorio a ambos lados de la Cordillera, y que hoy pertenece a Chile o a Argentina. En lo que se ha avanzado en la constituyente chilena, existe el derecho a la reparación integral y a la restitución territorial, y la experiencia de los últimos años, es ilustrativa que en Chile el proyecto está más avanzado y consolidado, y que hay solo un rezago de algunos años en la manifestación y agitación de similares peticiones y reivindicaciones en Argentina.
El hecho de que sean derechos colectivos de toda la etnia y no solo individuales de las personas, significa que alguien va a hablar en nombre de ellos con la misma autoridad que los titulares de los poderes del Estado nacional, y que transformados en caudillos pueden colocarse en igualdad de condiciones.
No va a ser un proceso fácil y que le puede plantear al Estado de Chile o al de Argentina el mismo problema que tuvo incluso el imperio español, es decir, la multiplicidad de interlocutores en vez de uno solo, ya que la fortaleza de los mapuches fue lo mismo que su debilidad, es decir, que nunca lograron constituir -a diferencia de mayas, aztecas o incas- un Estado, y se organizaron en forma de grupos tribales, lo que les dio flexibilidad para sus triunfos militares y supervivencia cultural, pero no para su unidad política.
A nivel internacional, el sustrato jurídico puede ser menor que lo necesario, aún en condiciones de buena voluntad, toda vez que el 169 que sirve de base no es un Tratado sino un simple Convenio, con lo que su marco jurídico puede ser débil. A nivel local, cuando el Estado no logra ser respetado como tal, generalmente se da una situación que incentiva la aparición de grupos más radicales que superan a los más moderados en la representación étnica, además de crearse un problema mayor si crece la percepción de tener más derechos que los ciudadanos no indígenas.
En Argentina quizás el interés ha sido limitado, a pesar de que puede convertirse en un experimento refundacional. La experiencia indica, en este tema, que lo hecho en Chile cruza Los Andes, y con alguna demora se manifiesta. Todavía hay un rezago y la violencia no se expresa en forma tal que obligue al despliegue del ejército y a normas de excepción.
El australiano Steve Killelea, creador del índice Global de Terrorismo y del Instituto para la Paz y la Economía pone a Chile el lugar 18 en el mundo y segundo en la región (detrás de Colombia), y dice que “la mortalidad de los ataques de grupos armados mapuche es de 0.03%, lo que indicaría que quieren negociar”, es decir, una exitosa ofensiva de baja intensidad que tiene muy arrinconado al Estado.
Sobre todo, es la consecuencia de no haber abordado a tiempo el tema, lo que va desde la tardanza en el muy necesario reconocimiento de su existencia constitucional a haber negado la realidad de esta violencia calificándola piadosamente de “violencia rural”. Es real que tanto en la conquista, como en el Chile independiente, se han cometidos abusos y violencia injustificada, pero igualmente negativo es que se analice con ojos de hoy hechos de hace siglos, ya que se transforma en una narrativa de buenos y malos, en una realidad que dejó de ser blanco y negro, para pasar a ser de muchos colores.
Ojo, Argentina. Chile fue lento en reconocer que la violencia no tiene nada que ver con legítimas reivindicaciones y hoy tiene un problema, donde el separatismo se mezcla con protección al narcotráfico, robo de maderas y delincuencia organizada de blancos, que no tienen vínculos con la causa mapuche. Tampoco en nada tiene relación con las orientaciones política de La Moneda, toda vez que el primer acto de Izkia Siches, la ministra del Interior del presidente Boric, fue visitar la Araucanía en forma precipitada y muy mal organizada, y a pesar de llevar solo unos días en el Gobierno, fue recibida a balazos, demostrando cuán equivocada es la idea que el diálogo depende del color político. La verdad es que solo un Estado que se respete a sí mismo y también sea respetado por todos, puede lograr una solución y mantenerla, siendo así la precondición para todo diálogo.
Es muy distinto pensar constitucionalmente al país como una nación plural a verlo como una agrupación de naciones que solo conviven. Chile fue lento en dar el primer paso y ahora enfrenta una realidad que la podría transformar en república identitaria. Donde poco había cambiado, todo está cambiando rápidamente.
También se demoró demasiado en confrontar la violencia, y el problema no son los derechos sino el separatismo, uno donde las primeras víctimas son mapuches, los que tienen un comportamiento electoral diferente al de estos grupos radicalizados, hasta conservador en algunas instancias.
Falta claridad acerca del tipo de cuestionamiento a la sociedad y país que se ha construido, a partir de la independencia. Y en ambos países existe el desafío, no de los muy legítimos derechos de los mapuches, sino del Wallmapu, y cuando la ministra Siches no cumple con su deber funcionario de denunciar el delito que se cometió con su comitiva o el Embajador de Argentina respalda a un violentista en Chile, cometen ambos el mismo error: uno que se les va a volver en contra a ambos países en la ONU, dada la simpatía del tema en el mundo globalizado.
Argentina ha prestado atención insuficiente, pero todavía está a tiempo.
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