El mecanismo práctico y también político se mantiene casi calcado etapa por etapa, para extender -y abrir levemente- la cuarentena, todo atado al temido pico de la pandemia. Alberto Fernández compartió otra vez con los jefes provinciales el proceso para prolongar las restricciones sociales, en base a las opiniones de los expertos y en búsqueda de consenso o aval para formalizar el anuncio. No es un camino exento de tensiones, pero la foto del Presidente dialogando con gobernadores desde Olivos y por videoconferencia es una señal de acuerdo para este tercer capítulo del aislamiento. La otra cara la expone el Congreso: allí resuenan las batallas políticas, abiertas y domésticas.
La decisión de sostenimiento de la cuarentena y de apertura por goteo, con acuerdos en cadena –gobierno nacional, provincias y también municipios– se ha convertido en un sistema de compromisos conjuntos. El respaldo político amplio ha resultado determinante para darle sustento a cada paso y en lo posible para darle cierta uniformidad nacional a las medidas, que habían arrancado un tanto desorganizadas, comenzando por la suspensión de las clases. Del mismo modo, las demandas de flexibilización parcial fueron respondidas desde el Gobierno nacional con un mecanismo de refrendación de las autoridades de distrito.
Esa especie de pactos de riesgo compartido anotaría además cierta inquietud por señales de fatiga social, además de las ya admitidas dificultades para medir todo el país del mismo modo. Las realidades locales –sobre todo del interior- alimentan el esquema “administrado”, pero existen al mismo tiempo flexibilizaciones de hecho y no sólo en los barrios más vulnerables de los grandes centros urbanos donde gravitan desde graves problemas habitacionales hasta necesidades atadas a la economía informal.
El problema es que por momentos, y a la vez como consecuencia de altibajos en los estados de ánimo colectivo, se advierte un cuadro de mayor movimiento en las calles, es decir, de mayor contacto social, sin que eso sea consecuencia práctica de medidas para reanimar lentamente la actividad productiva. Una mala combinación desde el punto de vista sanitario y económico.
En términos políticos, está claro que constituyen un mensaje de contención las decisiones compartidas por el Presidente y los veinticuatro distritos, esquema que en general se traslada a los municipios. Es la imagen de la videconferencia difundida ayer, similar a las anteriores. Alberto Fernández junto a funcionarios y Axel Kicillof, esta vez con Horacio Rodríguez Larreta en pantalla, al igual que el resto de los goberndaores.
El Presidente ha sostenido recientemente un diálogo similar con los jefes de bloques legislativos. Es más: con algunos de ellos, además de los propios, ha mantenido diálogos más reservados. Sin embargo, en este caso, no queda claro hasta dónde lo convence o inquieta la falta de sesiones del Congreso.
Hay algo que constituye un dato objetivo y abundan además gestos, del oficialismo y de la oposición, que indican tensiones y demandas políticas. El Presidente cuenta con un amplio terreno para moverse con Decretos de Necesidad y Urgencia, en base a las leyes de emergencia previas a la pandemia. Algunas decisiones formalizadas por la vía de decretos contaron con aval expreso o implícito de la mayoría de la oposición. Pero ha cambiado el panorama y, por otra parte, hay cuestiones que hacen ineludible el Congreso, empezando por los impuestos.
¿Cuánto interés presidencial existe en reanimar la actividad legislativa y, más específicamente, en algunos de los proyectos que circulan? El interrogante inquieta de diferente modo a la oposición y en algunos casos al oficialismo. Los bloques de Juntos por el Cambio unificaron posición en el reclamo de sesiones. Y en el Frente de Todos se insiste con la necesidad de tratar el impuesto a las grandes patrimonios o fortunas –luego de abandonar la idea de apuntar al blanqueo- y algunas modificaciones a Ganancias. Los textos definitivos aún no han sido presentados.
El tipo de sesiones –o las características que deberían tener- expone otras pulseadas. La tensión entre oficialismo y JxC –con estribaciones en legisladores considerados aliados por el Frente de Todos- está expresada sobre todo en la discusión sobre sesiones presenciales, reclamo opositor, y sesiones virtuales, posición asumida de diferente modo por los bloques oficialistas en Diputados y en el Senado. Conviene no atarse a lecturas lineales en estas horas en que la disputa incluye acusaciones de operaciones cruzadas.
El tema es político. Desde la presidencia de la Cámara baja, y desde el bloque que encabeza Máximo Kirchner, se le reprocha a JxC haberse endurecido en la demanda de sesionar de manera presencial cuando al principio parecía dispuesto al sistema de videoconferencia. En la otra vereda recuerdan que, en rigor, esa era una alternativa conversada mientras aún el propio oficialismo sugería la posibilidad de sesionar en algún lugar más amplio que el recinto. Se llegó a tantear el microestadio de Ferro cuando se analizaba suspender aumentos de alquileres y de cuotas de créditos hipotecarios. Finalmente, todo se hizo por DNU: el Presidente atendió el criterio de algunos funcionarios y no de diputados.
Por supuesto, que nada de eso está libre de internas. Cerca de Sergio Massa y del bloque del Frente de Todos ven fisuras en la primera línea del interbloque de Juntos por el Cambio, cuya expresión sería cómo sesionar. Y desde JxC, apuntan a un cuadro oficialista tironeado por las necesidades de Olivos pero también por Cristina Fernández de Kirchner. Como sea, la pelea en Diputados tiene un color más clásico entre oficialistas y opositores, mientras que en el Senado es notorio el juego de CFK no sólo frente a los otros bloques, sino también y fuertemente en el plano interno.
Anoche, de manera inhabitual, se conoció la respuesta de la Corte Suprema al pedido de CFK para tener el aval de la máxima instancia de la Justicia a las sesiones virtuales. La Corte desestimó el pedido y tal como se esperaba, señaló que el modo de sesionar es una cuestión del propio cuerpo legislativo. En el oficialismo, interpretaron que a pesar de no dar un explícito respaldo, el tribunal habilitaba la decisión que tome finalmente cada Cámara. Era lo esperable. En las formas, una cuestión reglamentaria. En el fondo, un tema absolutamente político.
La lectura de lo ocurrido supera, por supuesto, el efecto jurídico. La ex presidente volvió a la carga contra la Corte, recreó su construcción de una conspiración que combina intereses económicos y mediáticos, y expuso su lugar central en el Congreso y de enorme peso en el armado oficialista.
Como todo en estos días, el foco está puesto en el coronavirus. Lo expone el Presidente y sus contactos públicos y reservados con los jefes provinciales, propios y opositores. Pero el Congreso suma mensajes que trascienden las discusiones orgánicas que están a la vista. Completa la foto política.
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