Siendo presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) (2004), en el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), se dieron los primeros pasos para lo que luego fue el Plan “Argentina Trabaja”, en conjunto con el Ministerio de Infraestructura.
Al instrumentarse desde el INAES un trámite rápido e idear un monotributo social, las cooperativas aparecían como superadoras del asistencialismo tradicional.
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Debatimos con las autoridades sobre lo nocivo de constituir cooperativas de trabajo “desde arriba” (entre 2004 y 2015 se dio matrícula a unas 21.000). Propusimos crear algunas pero que se recurriera a las cooperativas de obras y servicios públicos preexistentes: que esos trabajadores fueran contratados por éstas, bonificando el Estado parte de su retribución. Se evitaría así forzar nuevas cooperativas de trabajo y que estos trabajadores pudieran formalizarse en estas cooperativas de de larga experiencia.
No prosperó nuestro punto de vista (renunciando por ello y por otras irregularidades detectadas en el organismo) y, lamentablemente, desde 2016, se han venido cayendo gran parte de esas cooperativas.
Hasta el 2015, los planes se tercerizaban a través de algunos movimientos sociales afines a la administración K. En algunos de ellos, los beneficiarios eran compelidos a entregar parte del subsidio para el sostenimiento del movimiento al cual adherían y se los presionaba para que asistieran a las marchas, bajo la amenaza que si no perdería dicho plan.
Se dio a conocer que de los 261.000 beneficiarios de “Argentina Trabaja” y de “Ella hacen”, 60.000 eran planes que manejaban la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pié y CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular). Y, cada uno de estos movimientos, recibía $ 12.000 por beneficiario (por año) para afrontar gastos. Esto sumaba 720 millones en manos de los movimientos. Monto que se incrementaba a 1.500 millones con los beneficiarios en cabeza de algunos municipios.
Ahora bien, el MDS fusionó estos planes en uno denominado “Hacemos Futuro”, dejando sin efecto estos fondos que recibían los movimientos sociales. Con la nueva gestión, el INAES está dando de baja a algunas cooperativas o intimando a otras para su regularización, cuando evidencien algún viso de actividad o de voluntad asociativa.
Obviamente, ningún beneficiario pierde el plan y, quienes manifiestan esa intención, pueden seguir en cooperativas.
Uno de los avances sustanciales -asociando al trabajo con la educación- es que ahora no se prevén contraprestaciones sino que se exige a los beneficiarios la terminalidad de la escolaridad primaria (15% no la tiene) y/o secundaria (60% no cuenta con ella) y/o una capacitación terciaria en oficios, facilitando así el Estado el acceso a la economía formal.
Recapitulando lo atinente al rol cooperativo, opinamos que ante al subsidio clientelar, las cooperativas de trabajo eran y son una alternativa superadora (como así también para la recuperación y continuidad de empresas en crisis), aunque ello es así en la medida que no se las utilice forzosamente ni sean cooptadas para manejos clientelares o financieros poco claros.
Por otro lado, es preciso comprender que si la actividad no tiene mercado y si no hay un involucramiento de sus miembros, cuando el Estado se retira, ninguna organización tiene posibilidades de sobrevivir, generando de esta manera una dolorosa frustración.
